El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia resolvió el sobreseimiento total y definitivo de seis ex policías chaqueños acusados por el delito de sedición, al declarar extinguida la acción penal por prescripción.
Los beneficiados por el fallo son Juan Ramón Cantero, Miguel Ángel Ramírez, Ricardo Omar Maciel, Carina Soledad Chas, Jorge Mamacha Duarte y Hermindo Ángel Ramón Vivero, quienes habían sido señalados como presuntos cabecillas del acuartelamiento policial de diciembre de 2013.
Según pudo saber el portal judicial Litigio, el punto central del debate judicial giró en torno al cómputo de los plazos legales.
La defensa, encabezada por el defensor público oficial Juan Manuel Costilla junto a abogados particulares, sostuvo que entre la cesantía de los imputados y el requerimiento de elevación a juicio -concretado en marzo de 2023- transcurrió un período superior al máximo de la pena prevista para el delito de sedición, fijado en cuatro años.
La fiscalía, en cambio, se opuso al planteo al considerar que la prescripción debía suspenderse por la gravedad de los hechos y la condición de funcionarios públicos de los acusados.
Argumentó, además, que los imputados mantenían su «estado policial» y que su salida de la fuerza fue consecuencia directa de la investigación.
LOS FUNDAMENTOS
El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano, rechazó la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF) y concluyó que la acción penal estaba extinguida.
Entre los principales argumentos, los magistrados destacaron que la mayoría de los imputados fue cesanteada en abril de 2015, mientras que otros dejaron la fuerza en 2017 y 2019. A partir de esas fechas -señalaron- el plazo de prescripción volvió a correr, ya que la suspensión solo opera mientras los acusados ejercen un cargo público.
Asimismo, remarcaron que la prescripción es una garantía de orden público vinculada al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, por lo que debe ser aplicada incluso de oficio.
«El hecho de que el caso haya adquirido relevancia mediática, o la gravedad de las circunstancias atribuidas, no constituye un valladar para la correcta aplicación del derecho», sostuvieron.
El tribunal también verificó que los imputados no registraban nuevos delitos que interrumpieran los plazos, según el Registro Nacional de Reincidencia, por lo que dispuso su sobreseimiento sin costas.
EN LA HISTORIA
La causa judicial se originó a partir del acuartelamiento policial de diciembre de 2013, una protesta por mejoras salariales que dejó amplias zonas liberadas en el Chaco y derivó en saqueos, enfrentamientos y dos víctimas fatales: el joven Ricardo Romero y el subcomisario Cristian Vera.
El paro policial derivó en zonas liberadas, saqueos, enfrentamientos y dos víctimas fatales: el joven Ricardo Romero y el subcomisario Cristian Vera.
Durante tres días, ciudades como Resistencia y Sáenz Peña vivieron una situación de extrema tensión, con comercios cerrados, vecinos armados para defender sus bienes y la intervención de fuerzas federales para restablecer el orden.
La investigación judicial avanzó de manera lenta, atravesada por conflictos de competencia entre la justicia federal y la ordinaria. Recién en 2017 la causa quedó radicada definitivamente en el Juzgado Federal 1 de Resistencia. Con el tiempo, la mayoría de los imputados fue desvinculada, quedando solo los presuntos líderes del alzamiento.
En 2023, la fiscalía había solicitado la elevación a juicio de los seis acusados, atribuyéndoles haber tenido «dominio del hecho» y haber contribuido a poner en riesgo la seguridad pública al desobedecer órdenes y promover la protesta.
Sin embargo, más de una década después de los hechos, el paso del tiempo terminó sellando el destino judicial del caso.