La investigación por la denominada «Banda del Yeso», que puso en jaque a la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, atraviesa horas de definiciones críticas en los tribunales federales y el fuero provincial de la capital chaqueña.
Mientras la jueza Zunilda Niremperger analiza los pedidos de morigeración de prisión, el fiscal Patricio Sabadini blindó el expediente bajo un «secreto» de 30 días que ha generado suspicacias en las defensas.
La pulseada por las domiciliarias
En una audiencia realizada este martes por la mañana, La Voz del Chaco pudo saber que el Ministerio Público Fiscal, representado por la doctora Agustina Dragali, se opuso de manera tajante al pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa de Gustavo Andrés Quizama. Los argumentos de la fiscalía se centraron en la gravedad de la imputación y la existencia de «peligros procesales» que podrían entorpecer el avance de la causa. Además, se señaló la ausencia de un informe socio-ambiental, requisito indispensable para este tipo de beneficios. Este revés para Quizama se suma al ocurrido el lunes, cuando también fue rechazado el pedido de arresto domiciliario para Néstor Ariel Urne Canteros, otro de los principales implicados en el escandaloso desvío de estupefacientes en Colonia Benítez.
El «insólito» «bajo secreto»
Sin embargo, el dato que sacudió los pasillos de los juzgados federales es la determinación del fiscal Patricio Sabadini de declarar el secreto de sumario por un mes. Según pudo saber este medio, la medida obedece a la incorporación de nuevas escuchas telefónicas cuyo contenido es calificado como «explosivo». Trascendió que en las grabaciones aparecerían mencionados nombres de altos jefes policiales y funcionarios del Poder Judicial, lo que habría motivado el cerrojo informativo para evitar filtraciones y proteger el curso de nuevas líneas de investigación que podrían derivar en más detenciones.
Críticas al sistema y audiencia clave
Por otro lado, el defensor de uno de los imputados, el doctor Miguel Ángel Barceló, no ocultó su malestar ante lo que considera una Justicia de tiempos «desconectados». Con ironía, el letrado cuestionó si la Justicia de la provincia del Chaco «tiene el software adecuado» para manejar el nuevo sistema acusatorio, señalando las demoras entre los proveídos judiciales y las notificaciones efectivas, mientras sus asistidos permanecen tras las rejas.
La atención se traslada ahora a este miércoles 8 de abril, a las 09:00 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia de nulidad por el operativo en el Polígono de Colonia Benítez ante la jueza Alicia Alcalá.
Las defensas de Quizama, Urne Canteros, Almirón Núñez, Acosta, Ramírez y Alegre apuestan a que esta instancia logre derribar las pruebas preliminares, lo que podría provocar la caída de toda la estructura de la acusación.
Con el expediente bajo siete llaves y la tensión en aumento, la causa de los «Narcopolicías» entra en una fase donde el contenido de las escuchas y la validez de los operativos de 2025 determinarán si la investigación avanza hacia el juicio o se desmorona por fallas procesales.