En un contexto de creciente incertidumbre en el transporte público de pasajeros, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, advirtió ayer que el gremio podría iniciar un paro de actividades si las empresas no abonan los salarios adeudados a los trabajadores.
«Hoy tenemos tiempo durante toda la jornada. Los sueldos empiezan a impactar en las cuentas a partir de las dos de la tarde, en algunas empresas, y en otras más tarde. Si no se paga, mañana comenzamos con la medida de fuerza», señaló el dirigente sindical.
Según precisó, la eventual medida regiría desde la medianoche de hoy: «Sería a partir de las cero horas, afectando el primer turno del día».
Salarios adeudados y subsidios en demora
Abraham explicó que la deuda corresponde a los haberes de marzo, que habitualmente deben abonarse en los primeros días de abril. En ese sentido, indicó que las empresas argumentan demoras en la transferencia de fondos vinculados a subsidios.
«Dicen que están esperando que les transfieran parte de los subsidios, especialmente lo relacionado con el boleto estudiantil. Con eso estarían en condiciones de pagar, pero hasta ahora no hay nada confirmado», afirmó.
Si bien reconoció que la provincia mantiene su esquema de asistencia, remarcó que los fondos no han llegado en tiempo y forma, lo que agrava la situación del sector.
Incertidumbre
por el servicio nocturno
En paralelo, el dirigente confirmó que continúa la suspensión del servicio nocturno, una decisión adoptada por las empresas.
«Eso lo manejan los empresarios. Argumentan cuestiones vinculadas a costos, como el combustible. Por ahora, esa medida se mantiene», sostuvo.
Alerta por la posible salida de una empresa
Otro de los puntos críticos que planteó Abraham es la situación de una de las empresas que opera en el sistema de transporte del Gran Resistencia, la cual habría anunciado su retiro a fin de mes.
«La empresa dijo que el próximo 30 dejaría de operar. Si eso ocurre y no hay otra que se haga cargo, lógicamente los trabajadores van a quedar en la calle», advirtió.
Según detalló, la firma concentra una porción significativa del servicio: «Tiene entre el 30 y el 40% de las líneas, y junto a otras empresas del grupo alcanza casi el 80% del sistema. Es un impacto muy grande, tanto para los trabajadores como para los usuarios».
En ese marco, el dirigente estimó que entre 140 y 230 empleados podrían verse afectados.
Reclamo sin respuesta al Gobierno
Desde la UTA Chaco indicaron que ya elevaron un planteo formal al gobierno provincial solicitando una mesa de diálogo para abordar la crisis, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas.
«El 25 de marzo enviamos una nota al gobernador planteando esta situación y pidiendo una reunión con todas las partes: gobierno, empresarios y sindicato. Queremos garantizar que, si hay un cambio de empresa, se respete la continuidad laboral, la antigüedad y las condiciones de trabajo. Pero hasta ahora no hubo respuesta», lamentó Abraham.
Además, señaló que la presentación también fue remitida al área de Transporte y al Ministerio de Infraestructura, sin resultados.
«Hay un silencio total. Falta interés y empatía ante un problema que puede dejar a muchos trabajadores en la calle y a miles de usuarios sin servicio», cuestionó.
Paritarias atrasadas y un sistema en crisis
El dirigente también se refirió a la situación salarial del sector, indicando que existen demoras en la actualización de las escalas.
«Se acordó un incremento para el interior del país, pero estamos con salarios atrasados y lejos de la escala actual. Eso también genera conflicto y podría derivar en nuevas medidas de fuerza», advirtió.
En ese contexto, consideró que la falta de intervención estatal profundiza la crisis: «El Gobierno es el poder concedente y tiene responsabilidad directa. En otras provincias se garantizan los subsidios y se controla el servicio, pero acá parece que el transporte no existe».
El impacto del combustible y el costo del boleto
Por último, Abraham analizó el impacto del aumento del combustible en el sistema, y advirtió sobre las limitaciones para trasladar esos costos al usuario.
«Si se vuelca todo al precio del boleto, sería lo peor. La gente no podría pagar. Hay muchos desocupados y quienes trabajan tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Sería inviable», sostuvo.
En este escenario, el dirigente insistió en la necesidad de una solución integral que contemple tanto a los trabajadores como a los usuarios: «Hay que encontrar un equilibrio. Sin una intervención clara del Estado, el sistema va a seguir en crisis».