En una nueva audiencia del juicio contra cuatro efectivos de la Policía del Chaco por una violenta intervención contra una familia de madereros en Machagai, solo uno de los imputados prestó declaración el lunes.
Se trata del comisario Daniel Báez, quien justificó el accionar policial, evitó responder preguntas de la querella y omitió referirse a las acusaciones por amenazas.
Según pudo saber el portal judicial Litigio, el resto de los acusados -el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo- optaron por hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio.
Durante su exposición, Báez sostuvo que el uso de gas pimienta fue necesario para reducir a las víctimas, quienes -según su versión- habrían opuesto resistencia durante el procedimiento.
Además, aseguró desconocer en qué circunstancias uno de los damnificados sufrió la fractura de su mano. En ese marco, solicitó la citación de un efectivo policial que, afirmó, habría presenciado el operativo y podría respaldar su relato.
El comisario también evitó responder preguntas de la querella y no hizo mención a la acusación por amenazas, uno de los puntos más graves del expediente.
En la audiencia, además, se incorporó el sumario administrativo del Órgano de Control Institucional (OCI), en el que los cuatro imputados habían sido sobreseídos.
La jueza Fanny Zamateo, de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, fijó una nueva audiencia para el próximo 13, a las 11.
BAJO LA LUPA
El caso se remonta al 13 de mayo de 2022, cuando cerca de las 23 un camión cargado con madera partió desde Machagai con destino a Santa Fe. Era conducido por Brian Vergara (20), junto a dos ayudantes.
A la altura de Colonia Aborigen, sobre la ruta nacional 16, el vehículo fue interceptado por una camioneta de la División Rural de Machagai.
Tras solicitar la documentación, los efectivos cuestionaron la falta de ticket de balanza. Según los ocupantes del camión, ese comprobante no existía debido a que en Presidencia de la Plaza no funcionaba una balanza habilitada.
Pese a las explicaciones, los policías dispusieron la demora del vehículo, la retención de la carga y el traslado hacia la comisaría.
Durante el trayecto, el camión presentó problemas mecánicos, lo que obligó a detener la marcha. En ese contexto, los agentes habrían indicado que la situación debía «arreglarse» con el comisario.
Minutos después llegó al lugar Daniel Vergara, padre del conductor, seguido por otro móvil policial con varios efectivos, entre ellos Báez.
Según consta en la causa, al descender uno de los uniformados lanzó una frase intimidante: «¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?».
GOLPIZA Y AMENAZAS
De acuerdo al expediente, lo que siguió fue una secuencia de extrema violencia. Siete personas fueron reducidas, obligadas a tirarse al suelo boca abajo, rociadas con gas pimienta y golpeadas durante más de media hora.
Daniel Vergara recibió golpes de puño, patadas y culatazos que le provocaron la fractura de una muñeca. La lesión requirió intervención quirúrgica y le dejó una incapacidad permanente.
«Somos gente trabajadora, nunca pisamos una comisaría, ni para sacar un certificado. El daño que nos causaron es algo inhumano», declaró la víctima durante el juicio.
Las personas demoradas fueron trasladadas a la comisaría de Machagai cerca de la una de la madrugada, donde permanecieron detenidas en una celda.
Horas después, según la acusación, el comisario Báez las llamó una por una y les ofreció la libertad a cambio de no denunciar lo ocurrido. La advertencia habría sido clara: «El pueblo es chico y nos podemos encontrar».
LA ACUSACIÓN
La fiscala de la causa elevó el expediente a juicio al considerar acreditados los hechos y la responsabilidad de los imputados. En su dictamen sostuvo que «no existen dudas» sobre la comisión de los delitos.
Báez y Fernández están imputados por apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, en calidad de autor y coautor. En tanto, Gerzel y Villalobo enfrentan cargos por apremios ilegales agravados por violencia como autores.
Durante la primera jornada del juicio, realizada el 20 de marzo, declararon casi todos los testigos, con excepción de una persona que no pudo asistir y otra que falleció, cuyo testimonio fue incorporado por lectura.
«Hicimos las cosas mal»
«Nosotros hicimos las cosas mal, nos mandamos la macana. Te vamos a entregar la camioneta y van a quedar liberados, pero esto quiero que quede todo acá, que no hagan ninguna denuncia. El pueblo es chico y nos podemos encontrar por ahí». Estas fueron las palabras del comisario, Daniel Báez, según los testimonios en sede judicial prestados por una familia de comerciantes madereros de Machagai, quienes, junto a sus colaboradores, fueron detenidos de manera arbitraria, gaseados y brutalmente golpeados en un procedimiento irregular, cerca de Colonia Popular.
La causa, que tiene a cuatro policías imputados por los delitos de apremios ilegales agravados por violencia y amenaza, fue elevada a juicio por la fiscal adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar.
Los policías, en un tono prepotente según relataron los testigos, dijeron que debían demorarlos, retener el cargamento y escoltarlos hacia la comisaría de Machagai.
Durante el trayecto, el vehículo -que días antes había sufrido un accidente- comenzó a levantar temperatura. Brian, preocupado, les dijo a los policías que necesitaba detenerse al costado de la ruta y que iba a recibir auxilio.
Los agentes accedieron, pero le advirtieron que tendría que «arreglar» la situación directamente con el comisario.
A los diez minutos llegó el padre de Brian, Daniel Vergara, quien se convirtió luego en la principal víctima del hecho.
Mientras revisaban el vehículo, apareció otra camioneta policial con siete agentes a bordo, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzen y el cabo Leonardo Villalobos. Al llegar, uno de ellos expresó: «Así que ustedes se van a hacer los vivos».
Intentaron esposarlos sin motivo claro. Si bien en la causa la defensa de los uniformados incorporó una denuncia por una supuesta resistencia a la autoridad, lo cierto es que los policías imputados, al ser consultados por la fiscalía, solicitaron hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.
En medio de esa situación, Daniel intentó explicar lo que ocurría. Sin embargo, terminó siendo arrojado al suelo. Los comerciantes y sus ayudantes (siete personas en total) fueron tirados al piso en fila, donde además se les roció gas pimienta lo que a una de las víctimas le provocó una lesión en los ojos.
La golpiza posterior fue brutal.