El escándalo financiero en Presidencia Roque Sáenz Peña dio un giro clave: el intendente Bruno Cipolini busca firmar un acuerdo con la Bolsa vinculado a las operaciones financieras realizadas por el Municipio, dejando en evidencia que los fondos públicos fueron invertidos en instrumentos de alto riesgo y sin garantías.
Para el diputado provincial Santiago Pérez Pons, el dato central es político y judicial:
“Están intentando firmar un convenio para decirle a la gente que en 18 meses los fondos volverán. Este acuerdo no soluciona nada, solo confirma que las maniobras existieron”.
AMPLIACIÓN DE DENUNCIA
Según explicó, no se trató de una decisión aislada sino de un esquema más amplio. «Esta semana ampliaremos la denuncia, porque los fondos fueron desviados en maniobras de corrupcion», advirtió el dipuitado y agregó: “No solo se timbearon más de 2.000 millones de pesos de los saenzpeñenses en operaciones sin garantía. También hubo desvío de intereses, compras de combustible, licitaciones direccionadas y cobro de comisiones con pruebas que tendrá la justicia”, afirmó.
Santiago Pérez Pons, diputado provincial.
Además, remarcó que en esas operaciones se detectaron rescates de cheques a empresarios vinculados al poder, concentrando beneficios en pocos actores mientras el riesgo lo asumía el Municipio. “Salvaron a empresarios amigos del poder comprando sus cheques para que la empresa no pierda los fondos y si los pierda el municipio”.
PEDIDO DE IMPUTACIÓN CONTRA CIPOLINI Y LANDRISCINA
En ese marco, adelantó que pedirán que el intendente y el funcionario Diego Landriscina sean llamados a declarar en la causa judicial, luego de detectarse movimientos de comisiones vinculadas a estas operatorias.
Durante meses, el intendente sostuvo que no tenía conocimiento ni responsabilidad en estas operaciones, sin embargo, el intento de firmar este acuerdo lo contradice.
“Si no sabía nada, ¿por qué ahora busca firmar un acuerdo sobre esas mismas operaciones? Es un reconocimiento implícito de lo que negó todo este tiempo”, sostuvo Pérez Pons.
Inicialmente el convenio prevé un esquema de recuperación de parte de los fondos a 18 meses, lo que deja en claro que el dinero no estaba disponible, pese a los anuncios oficiales.
“Dijeron que los fondos estaban recuperados. Hoy admiten que, con suerte, podrían volver el año que viene y en cuotas. Es exactamente lo contrario a lo que le dijeron a la gente”, destacó el denunciante.
Otro de los puntos críticos es que estas operaciones se realizaron sin autorización del Concejo Deliberante.
“Se comprometieron más de 2.000 millones de pesos sin aval institucional. Es gravísimo”, afirmó, mientras que ahora, el Ejecutivo busca que el Concejo apruebe el acuerdo, cuando las decisiones originales nunca pasaron por ese ámbito: ‘No podían hacerlas y las hicieron igual. Hoy intentan que el Concejo les convalide a posteriori una maniobra irregular”.
Finalmente, el diputado confirmó que la investigación continuará y que se ampliará la denuncia.
“Esto no se cierra con un acuerdo. Al contrario, abre más preguntas: qué pasó con los intereses, quién cobró comisiones y cómo se tomaron estas decisiones. Cuando uno junta todo, operaciones sin garantía, comisiones, rescates a empresarios cercanos y contrataciones direccionadas, queda claro que no fue un error, sino un esquema; y eso lo tiene que investigar la Justicia”, concluyó.