El escándalo de la timba financiera en Sáenz Peña sigue sumando complicaciones para el intendente Bruno Cipolini. Es que esta semana, el diputado provincial Santiago Pérez Pons, impulsor de la denuncia que destapó inversiones irregularidades en el municipio termal, presentará nuevas pruebas y solicitará la imputación del jefe comunal y de su hombre de confianza, Diego Landriscina.
Según explicó Pérez Pons, los fondos municipales fueron desviados en maniobras de corrupción, es decir, no se trató de una decisión aislada sino que de un esquema más amplio.
“No solo se timbearon más de 2.000 millones de pesos de los saenzpeñenses en operaciones sin garantía. También hubo desvío de intereses, compras de combustible, licitaciones direccionadas y cobro de comisiones con pruebas que tendrá la justicia”, afirmó.
Además, remarcó que en esas operaciones se detectaron rescates de cheques a empresarios vinculados al poder, concentrando beneficios en pocos actores mientras el riesgo lo asumía el Municipio. “Salvaron a empresarios amigos del poder comprando sus cheques para que la empresa no pierda los fondos y si los pierda el municipio”.
*Santiago Pérez Pons, diputado provincial.
PEDIDO DE IMPUTACIÓN
En ese marco, Pérez Pons adelantó que pedirán que el intendente y el funcionario Diego Landriscina sean llamados a declarar en la causa judicial, luego de detectarse movimientos de comisiones vinculadas a estas operatorias.
“Se comprometieron más de 2.000 millones de pesos sin aval institucional. Es gravísimo”, afirmó el diputado provincial quien advirtió que ahora, el Ejecutivo, busca que el Concejo apruebe un acuerdo con la Bolsa de Comercio cuando las decisiones originales nunca pasaron por ese ámbito: ‘No podían hacerlas y las hicieron igual. Hoy intentan que el Concejo les convalide a posteriori una maniobra irregular”.
Finalmente, el diputado confirmó que la investigación continuará y que se ampliará la denuncia.
“Esto no se cierra con un acuerdo. Al contrario, abre más preguntas: qué pasó con los intereses, quién cobró comisiones y cómo se tomaron estas decisiones. Cuando uno junta todo, operaciones sin garantía, comisiones, rescates a empresarios cercanos y contrataciones direccionadas, queda claro que no fue un error, sino un esquema; y eso lo tiene que investigar la Justicia”, concluyó.