Una nueva presentación judicial introdujo un elemento de mayor complejidad en la situación institucional de la Bolsa de Comercio del Chaco, al formalizarse una ampliación de denuncia que apunta a presuntas irregularidades en la administración de fondos y en la operatoria financiera de la entidad. El escrito fue presentado por el abogado Víctor Oscar Ruiz Díaz, socio fundador de la institución, ante el fiscal federal Patricio Sabadini.
El planteo judicial solicita investigar un presunto «fraude por vaciamiento» dentro de la entidad, en un contexto que, según la denuncia, podría involucrar maniobras contrarias a la normativa vigente en materia de mercado de capitales. La ampliación se inscribe en una causa que ya contaba con una presentación previa realizada a mediados de marzo.
En su exposición, Ruiz Díaz sostiene que los hechos denunciados comprometerían la integridad patrimonial de la Bolsa y afectarían directamente a sus socios, al tiempo que podrían constituir infracciones a la Ley de Mercado de Capitales. En ese marco, plantea la necesidad de profundizar la investigación con nuevas medidas probatorias.
El escrito incorpora nuevos elementos que, según el denunciante, permitirían avanzar en la determinación de responsabilidades dentro de la estructura directiva de la institución. En particular, se enfoca en la dinámica de funcionamiento interno y en los mecanismos utilizados para la intermediación financiera.
Asimismo, el abogado remarca que la ampliación no constituye un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso de denuncia que busca esclarecer el funcionamiento económico y administrativo de la entidad en los últimos años, con especial énfasis en operaciones recientes.
ACUSACIONES SOBRE MANIOBRAS Y DESVÍO DE FONDOS
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la acusación directa al Consejo Directivo de la Bolsa, al que se le atribuye haber permitido una «perversa forma de extracción del patrimonio societario». Según el escrito, estas maniobras habrían sido ejecutadas mediante la construcción de «una red extensa de productores».
El denunciante detalla que la operatoria consistía en que la Bolsa «cobraba comisiones por su intermediación financiera y luego, en vez de destinarlas en un ciento por ciento a capitalización, desviaba un porcentaje significativo, en algunos casos el 50%, para distribuir entre los integrantes de la red de productores».
De acuerdo con la presentación, esta modalidad implicaría un desvío sistemático de fondos que deberían haber sido reinvertidos en la institución, generando un impacto negativo sobre el patrimonio común de los socios y debilitando la estructura financiera de la entidad.
Ruiz Díaz sostiene además que los productores involucrados en esta red carecían de la infraestructura necesaria para desarrollar de manera autónoma las operaciones que realizaban. En ese sentido, afirma que «ninguno» de los productores tenía estructura de personal, parque informatizado ni soporte propio para administrar carteras».
Esta circunstancia, según el denunciante, habría provocado que la totalidad de la gestión operativa recayera sobre el Agente de Liquidación y Compensación de la propia Bolsa, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria centralizada con beneficios distribuidos de manera irregular.
PEDIDOS DE INVESTIGACIÓN Y POSIBLE COMPETENCIA FEDERAL
En su presentación, el abogado solicitó la inclusión formal del vocal suplente primero, Daniel Tenerani, en el listado de autoridades a investigar, ampliando así el alcance subjetivo de la causa en curso.
Asimismo, requirió que se determine si el uso de fondos municipales, provenientes de la coparticipación federal, en actividades que podrían configurar fraude, habilita la intervención de la Justicia Federal. Este punto introduce un componente institucional adicional vinculado al origen de los recursos involucrados.
El denunciante también planteó que se investigue si la comercialización de pagarés y cheques de libradores insolventes constituye un delito de carácter federal, lo que podría modificar la competencia jurisdiccional del caso.
En esa línea, aportó como elemento probatorio un modelo de «Carta-Oferta» que la Bolsa estaría utilizando para proponer a los damnificados mecanismos de recupero de capital con «quitas extraordinariamente abusivas», situación que calificó como una «licuación» de la deuda original.
Este conjunto de planteos busca que la fiscalía evalúe no solo la existencia de irregularidades administrativas, sino también la posible comisión de delitos financieros que excedan el ámbito local y requieran la intervención de la justicia federal.
Alcance judicial y posibles delitos
La causa queda ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar si los hechos denunciados, sustentados en el balance intermedio al 30 de junio de 2025, configuran figuras penales como fraude, abuso de confianza o violación a la Ley 26.831.
El análisis judicial implicará determinar la veracidad de las maniobras descriptas y establecer si existió un perjuicio económico concreto para los socios de la entidad, así como la eventual responsabilidad de sus autoridades.
En este escenario, la intervención del fiscal federal será clave para definir el curso de la investigación y la eventual adopción de medidas que permitan avanzar en la recolección de pruebas.
El expediente también podría abrir la puerta a nuevas presentaciones o a la incorporación de otros denunciantes, en caso de que se verifique la existencia de un número significativo de afectados por las operaciones cuestionadas.
La evolución de la causa será determinante para esclarecer el funcionamiento interno de la Bolsa de Comercio del Chaco y establecer si las prácticas denunciadas constituyen irregularidades administrativas o delitos de mayor gravedad.
Medidas probatorias y requerimientos
Entre las medidas solicitadas, Ruiz Díaz pidió el levantamiento del secreto profesional y bursátil con el objetivo de aportar pruebas sobre el grado de conocimiento que habrían tenido los niveles directivos respecto de las operaciones cuestionadas.
Además, propuso el secuestro de dispositivos electrónicos pertenecientes a los integrantes del Consejo Directivo, con el fin de «detectar posibles interacciones comunicativas entre ellos y uno o más de los damnificados, con independencia de si éstos hubieren accedido o no algún tipo de acuerdo con la BCCH y hubiere mediado o no renuncia de derecho por parte de ellos».
El denunciante también solicitó la incautación de un listado detallado de personas que hubieran operado con cheques o pagarés, ya sea directamente o a través de la entidad, con el propósito de reconstruir el circuito financiero involucrado.
A ello se suma el pedido de acceso a libros de actas y registros fílmicos de las reuniones de Mesa Directiva correspondientes al período comprendido entre 2020 y 2026, lo que permitiría analizar las decisiones institucionales en el contexto de las operaciones denunciadas.
Finalmente, requirió informes sobre vehículos financieros utilizados por la entidad, con el objetivo de determinar la existencia de fideicomisos u otras estructuras legales no declaradas que pudieran haber sido implementadas para afrontar la crisis financiera.