Organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil impulsan una campaña nacional de recolección de firmas con el objetivo de presentar una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada recientemente por el Congreso. La iniciativa, que ya reunió más de 840 mil adhesiones, busca alcanzar el millón de apoyos para respaldar una presentación judicial que declare la inconstitucionalidad de los cambios introducidos en la normativa y frene su aplicación en todo el país.
La convocatoria espromovida por entidades como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que advirtieron sobre los riesgos que la modificación implicaría para las reservas de agua.
Desde los espacios convocantes señalaron que la reforma fue aprobada “a espaldas de la sociedad” y sostuvieron que el proceso legislativo presentó irregularidades, especialmente en la audiencia pública previa, donde, según denunciaron, miles de personas no pudieron expresar su posición. En ese sentido, afirmaron que más de 100 mil ciudadanos se inscribieron para participar, pero sólo una pequeña porción logró exponer, en su mayoría con posturas críticas a la modificación de la ley.
Participación
La campaña de firmas se canalizs a través de una plataforma digital que permite a ciudadanos de todo el país adherir de manera voluntaria. También se habilitó un formulario específico para organizaciones y asambleas, con el objetivo de ampliar la base de respaldo institucional a la demanda.Para adherir, se puede acceder al sitio web www.demandacolectivaglaciares.org
En ese sentido, los impulsores destacaron que la iniciativa busca convertirse en “la demanda colectiva más grande de la historia” en materia ambiental en la Argentina. “La fuerza social que se está construyendo es imposible de desestimar”, sostuvieron, y agregaron que el objetivo es que el Poder Judicial “escuche lo que el Congreso no quiso escuchar”.
Lejos de cerrar el conflicto, la aprobación de la reforma abre una nueva etapa de participación ciudadana. Desde las organizaciones señalaron que la judicialización del caso representa una continuidad de la lucha en defensa de los bienes comunes y una oportunidad para reafirmar la voluntad popular.“La ciudadanía será protagonista”, afirmaron, y remarcaron que la adhesión a la campaña constituye una forma de amplificar el reclamo colectivo. En esa línea, insistieron en la urgencia de sumar apoyos para fortalecer la presentación judicial y lograr una medida que suspenda la aplicación de la reforma.
“La ciudadanía fue ignorada y ahora la respuesta está en la Justicia”, indicaron desde las organizaciones, al tiempo que remarcaron que la campaña de firmas no genera obligaciones legales para quienes adhieren, pero sí construye una herramienta colectiva de presión social. “Sumarse hoy es defender el agua, el ambiente y el derecho a ser escuchado”, sostuvieron en la convocatoria difundida a nivel nacional.
Irregularidades
La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada con 137 votos a favor en la Cámara de Diputados, con el respaldo de distintos bloques políticos. Sin embargo, sectores ambientalistas cuestionaron el contenido de la norma al considerar que flexibiliza las restricciones sobre actividades extractivas en zonas protegidas, lo que podría afectar ecosistemas clave y fuentes de agua dulce.
En ese marco, los impulsores de la demanda colectiva argumentaron que la modificación representa un “retroceso ambiental” y vulnera principios constitucionales vinculados a la protección del ambiente. “No tenemos más remedio que acudir a la Justicia”, expresaron, y agregaron que el objetivo es transformar el reclamo social en una respuesta concreta del sistema judicial.
La campaña también se enmarca en un contexto de creciente movilización de asambleas y movimientos socioambientales en distintos puntos del país. Según indicaron, tras la aprobación de la ley, se multiplicaron los encuentros, debates y acciones colectivas para definir estrategias de resistencia. Entre ellas, la vía judicial fue planteada como una herramienta clave desde el inicio del tratamiento legislativo.
En paralelo, se sumaron denuncias penales contra funcionarios por presuntos conflictos de interés vinculados al sector minero. Desde el ámbito legal, referentes de organizaciones ambientalistas señalaron que existen vínculos entre algunos actores políticos y empresas extractivas, lo que , según afirmaron, habría influido en el impulso de la reforma. Estas acusaciones, aún en proceso de investigación, reforzaron el cuestionamiento al procedimiento legislativo.
Otro de los puntos centrales del reclamo fue el impacto que la reforma podría tener sobre el acceso al agua. Desde las organizaciones advirtieron que la ley original garantizaba el abastecimiento para millones de personas y protegía ecosistemas estratégicos, por lo que su modificación implicaría un riesgo directo para comunidades enteras. “No proteger el agua pone en riesgo la vida”, señalaron en el documento de convocatoria.
Asimismo, cuestionaron la falta de participación de especialistas en áreas clave durante el debate parlamentario. Según indicaron, en las instancias de discusión predominó la presencia de representantes del sector minero, mientras que no se dio lugar a geólogos, hidrólogos ni expertos en glaciares. “Se ignoraron aportes científicos y técnicos fundamentales”, afirmaron.
Mientras tanto, el debate sobre la Ley de Glaciares continúa generando repercusiones en distintos ámbitos políticos, sociales y ambientales. La recolección de firmas avanza como una de las principales herramientas de articulación ciudadana frente a una norma que, según sus detractores, compromete el acceso al agua y el equilibrio de ecosistemas fundamentales.
Con el objetivo de alcanzar el millón de adhesiones, la campaña mantiene su convocatoria abierta y se proyecta como uno de los procesos de participación más relevantes en la agenda ambiental reciente del país