El reciente fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires que reconoció a los trabajadores de plataformas digitales como empleados en relación de dependencia, fue celebrado por la Cooperativa de Motomandados del Chaco, desde donde reclamaron a las autoridades provinciales y municipales la aplicación efectiva de la legislación vigente en el territorio chaqueño.
Desde la organización advirtieron sobre el avance de empresas que operan por fuera de las normas, denunciaron precarización laboral y exigieron controles concretos para regular la actividad.
El posicionamiento se conoció luego de que el máximo tribunal bonaerense rechazara los recursos extraordinarios presentados porac las empresas de reparto y dejara firmes sanciones millonarias por incumplimientos laborales.
En ese contexto, la cooperativa chaqueña sostuvo que la decisión judicial «no es un hecho aislado: es la confirmación de una realidad que los trabajadores venimos denunciando hace años», afirmaron en el comunicado difundido públicamente.
En ese sentido, cuestionaron el modelo de la llamada «economía de plataformas» y señalaron que consignas como «sé tu propio jefe» fueron utilizadas «como herramienta para profundizar la precarización laboral».
Según sostuvieron, estas modalidades encubren relaciones de dependencia bajo figuras contractuales que calificaron como «fraudulentas».
En esa línea, remarcaron que detrás del esquema digital se reproducen condiciones laborales tradicionales, pero sin los derechos correspondientes.
Un fallo que sienta precedente
La resolución de la Justicia bonaerense genera nueva jurisprudencia en el debate sobre el vínculo entre las plataformas digitales y los repartidores. El tribunal determinó que los trabajadores no son «socios» ni autónomos, sino empleados en relación de dependencia, al considerar que existe subordinación técnica, económica y organizativa.
La decisión se basó en inspecciones realizadas en 2020 por el Ministerio de Trabajo de esa provincia, donde se detectó que los repartidores cumplían tareas bajo condiciones propias de un vínculo laboral formal. Entre otros aspectos, se comprobó que las empresas asignan tareas, fijaban tarifas y aplicaban sanciones mediante algoritmos.
En los fundamentos del fallo, los magistrados señalaron que «la existencia de una plataforma digital no autoriza a las empresas a evadir sus obligaciones como empleadores», y destacaron que el control ejercido por las aplicaciones configura una relación de dependencia.
Asimismo, se ratificaron multas que alcanzan cifras millonarias: alrededor de $16 millones en el caso de una empresa y $17 millones en otra, por falta de registración de trabajadores, ausencia de cobertura de riesgos laborales y omisión de aportes previsionales.
Desde la Cooperativa de Motomandados del Chaco interpretaron este fallo como un respaldo a los reclamos históricos del sector. «Cuando hay prestación de servicios, organización del trabajo y dependencia económica, hay relación laboral», afirmaron, retomando uno de los ejes centrales de la resolución judicial.
ley vigente y falta
de control
En su pronunciamiento, la organización remarcó que en el Chaco la discusión sobre la regulación del sector no es nueva. Recordaron que la provincia cuenta con legislación específica, la Ley 3296-L -modificatoria de la Ley 2608-L-, que regula la actividad de mensajería y cadetería.
Esa normativa establece condiciones para el funcionamiento del sector, incluyendo requisitos para las empresas y mecanismos de protección para los trabajadores.
Sin embargo, según denunciaron, en la práctica estas disposiciones no se cumplen de manera efectiva. «En nuestra provincia, esta discusión no empieza hoy», señalaron y agregaron que «lo que observamos en la práctica es el avance de empresas que operan por fuera de estos marcos normativos».
Entre las consecuencias de esta situación, enumeraron la competencia desleal frente a quienes cumplen con la ley, la precarización de las condiciones laborales, la falta de cobertura en materia de seguridad y salud, y el debilitamiento de las economías locales.
En ese sentido, fueron categóricos al afirmar que el problema no radica en la ausencia de normas, sino en la falta de decisión política para hacerlas cumplir. «No hay vacío legal: hay falta de decisión política para hacer cumplir las leyes existentes», sostuvieron.
Reclamos a las autoridades
A partir de este diagnóstico, la cooperativa planteó una serie de exigencias dirigidas a los distintos niveles del Estado. En primer lugar, reclamaron la plena aplicación y control efectivo de la Ley 3296-L en todo el territorio provincial.
También pidieron la regulación urgente de las plataformas digitales bajo los principios del derecho laboral argentino, así como la implementación de controles reales sobre las empresas que operan en el sector
Además, solicitaron políticas públicas orientadas a fortalecer a las cooperativas y al trabajo local, en contraposición a modelos que, según señalaron, promueven la informalidad.
«Exigimos a las autoridades provinciales y municipales la plena aplicación y control efectivo de la ley», expresaron y remarcaron la necesidad de «controles reales sobre las empresas que operan en el sector».
Un modelo en disputa
Más allá de las demandas concretas, el comunicado plantea un debate de fondo sobre el modelo de trabajo que se impulsa en la provincia. «Llamamos a abrir un debate profundo sobre el modelo de trabajo que se pretende para nuestra provincia», indicaron, y plantearon una disyuntiva: «Uno basado en la explotación y la informalidad, o uno que garantice derechos, dignidad y desarrollo local».
La organización también puso en valor la trayectoria del sector de motomandados en el Chaco, destacando su historia de organización colectiva. «La historia del sector está marcada por la organización, la solidaridad y la lucha por condiciones dignas», afirmaron.
En esa línea, advirtieron que no están dispuestos a retroceder frente a modelos que, a su entender, implican una desregulación del trabajo. «No vamos a retroceder frente a modelos que buscan desregular y precarizar», subrayaron.
El impacto del modelo
El crecimiento de las plataformas digitales de reparto en los últimos años generó transformaciones profundas en el mercado laboral. Si bien estas aplicaciones ampliaron las oportunidades de ingreso para muchos trabajadores, también introdujeron nuevas formas de organización del trabajo que, en muchos casos, quedaron por fuera de las regulaciones tradicionales.
Uno de los aspectos más cuestionados es la transferencia de costos y riesgos hacia los trabajadores, quienes deben asumir gastos como combustible, mantenimiento del vehículo y seguros, sin contar con estabilidad laboral ni cobertura social.
El fallo de la Justicia bonaerense pone en discusión este modelo, al establecer que la intermediación tecnológica no modifica la naturaleza del vínculo laboral cuando se verifican condiciones de dependencia.
Desde el sector de motomandados chaqueño consideran que este precedente podría tener impacto a nivel nacional y contribuir a impulsar regulaciones similares en otras jurisdicciones.
Un mensaje político
En el tramo final del comunicado, la cooperativa adoptó un tono más enfático y dirigió un mensaje directo a la dirigencia política. «Este es un momento para que la política tome una decisión», señalaron. En esa línea, plantearon que la discusión trasciende lo jurídico y se ubica en el plano de las definiciones políticas. «O se está del lado de los trabajadores, o se está del lado de la precarización», afirmaron.
El documento concluye con una consigna que sintetiza el reclamo: «Porque el trabajo no es una app. Porque en el Chaco hay ley, y debe cumplirse».
De esta manera, la Cooperativa de Motomandados del Chaco se sumó al debate nacional sobre el futuro del trabajo en plataformas digitales, respaldó el fallo judicial bonaerense y renovó sus demandas por condiciones laborales dignas en la provincia.