La diputada provincial del Partido Justicialista (PJ), Analía Flores, entrevistada por «La otra campana», el programa clásico radial que se emite todos los domingos por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní con la conducción de Gustavo Ojeda en compañía de Facundo Sagardoy, celebró la convocatoria del Congreso del Partido Justicialista, encabezado por Jorge Capitanich, en San Bernardo.
El evento se desarrolló bajo la conducción de Jorge Capitanich y con la participación del presidente del Congreso partidario, Miguel Sotelo, quien ofició de anfitrión.
Flores destacó la hospitalidad del espacio de articulación política y reflexión estratégica, en el que participaron militantes, dirigentes, referentes territoriales y funcionarios con responsabilidades institucionales, y la relevancia política de estas instancias organizativas dentro de un partido que busca redefinir sus metas y objetivos.
En ese sentido, la legisladora remarcó que la reunión no tuvo únicamente una finalidad electoral, sino que también estuvo orientada a realizar un diagnóstico profundo de la realidad social, económica y política. Según explicó, estos espacios permiten «ir fijando metas y objetivos, no solo electorales, sino también para hacer un buen análisis de la realidad que nos acontece y que, por supuesto, nos preocupa».
La legisladora remarcó que el diagnóstico del Congreso partidario coincidió en el deber de fortalecer una dirigencia activa frente a las demandas actuales del país, la provincia y los municipios.
Asimismo, destacó que este proceso implica no solo una estrategia electoral, sino también la construcción de un modelo de política pública que pueda responder a los desafíos estructurales.
DIAGNÓSTICO SOCIAL Y CRÍTICAS A LA GESTIÓN ACTUAL
Consultada sobre el escenario político actual, Flores expresó una profunda preocupación por la situación social y económica, señalando que existe un incremento sostenido de las desigualdades. «Vemos un escenario muy preocupante, donde se profundizan las desigualdades», afirmó, vinculando este fenómeno con impactos culturales y de integración social.
La diputada también cuestionó el accionar del gobierno nacional, al que acusó de incurrir en prácticas de «irresponsabilidad política», y sostuvo que la administración provincial reproduce ese mismo esquema de gestión.
Según indicó, existe una dinámica de decisiones «arriesgadas e irresponsables» que afectan el funcionamiento institucional.
En ese contexto, introdujo la dimensión de la violencia como un elemento presente en el discurso y en las prácticas políticas. Señaló que resulta contradictorio exigir conductas pacíficas a los jóvenes cuando «vemos un escenario de mundo adulto, al menos desde la política, sumamente violento».
Flores remarcó que esta situación implica una responsabilidad adicional para el peronismo como espacio político, al que definió como un movimiento nacional y popular con vocación de articulación.
En ese marco, sostuvo que existe una convocatoria tanto desde las convicciones ideológicas como desde las demandas sociales para «estar a la altura de las circunstancias».
La legisladora enfatizó que el eje central del problema es estructural y que la política debe orientarse a responder a la cuestión social.
La legisladora remarcó que no se trata únicamente de administrar coyunturas, sino de intervenir sobre las causas profundas de la desigualdad y la exclusión.
Denuncias, transparencia y dimensión ética de la política
Consultada sobre denuncias recientes vinculadas a inversiones de riesgo en Sáenz Peña, Flores respaldó la presentación realizada por su colega Santiago Pérez Pons, afirmando que «es una denuncia que tiene sus fundamentos, sus datos y sus razones». En ese sentido, remarcó la importancia de remitirse a las pruebas y evidencias en el ámbito judicial.
La diputada sostuvo que su espacio político viene realizando denuncias desde el inicio de la actual gestión, incluyendo presentaciones en fueros federales.
Mencionó irregularidades vinculadas al Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), así como situaciones en el ámbito de la salud pública, como el hallazgo de medicamentos en un contenedor en Resistencia.
También señaló que han acompañado reclamos de trabajadores de la empresa Ecom, advirtiendo sobre posibles inconsistencias en la administración de fondos públicos. Según explicó, estas acciones forman parte de una línea sostenida de control y denuncia frente a actos que consideran poco transparentes.
Flores subrayó que, si bien las cifras millonarias generan mayor impacto mediático, las irregularidades denunciadas son recurrentes y responden a una problemática más amplia. En este sentido, vinculó la cuestión con una dimensión ética de la política que considera deteriorada.
La legisladora esgrimió una dura crítica a la «doble moral del oficialismo», remarcando que la promesa oficial de alta calidad institucional no se corresponde con los hechos observados, y advirtió que la «decadencia institucional» tiene efectos sociales, especialmente en los jóvenes, ante el hecho de instalar modelos de conducta basados en la violencia y la discriminación.
Propuesta legislativa
La legisladora confirmó que presentó un proyecto de ley orientado a la prevención y abordaje de la violencia digital en las escuelas. La iniciativa surge, según explicó, de su experiencia como docente y de su gestión en áreas como Políticas Socioeducativas y Salud Educativa.
Flores detalló que el proyecto se basa en protocolos de intervención desarrollados a lo largo de los años, en el marco de la expansión del nivel secundario y la inclusión de nuevos sectores sociales en el sistema educativo. Este proceso estuvo acompañado por políticas como la Asignación Universal por Hijo, que incrementaron la matrícula escolar.
El programa propuesto busca no solo intervenir ante situaciones de violencia, sino principalmente prevenirlas mediante un sistema organizado de respuestas institucionales. Según indicó, se trata de brindar herramientas y respaldo legal a las escuelas y docentes.
Flores destacó que la problemática no se limita al ciberbullying, sino que incluye fenómenos más complejos como el grooming.
En ese sentido, subrayó la necesidad de abordar tanto las violencias entre pares como aquellas ejercidas por adultos a través de entornos digitales.
Los desafíos del consenso
Consultada sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, Flores reconoció que la construcción de consensos es compleja en el contexto actual de extrema paridad dentro del cuerpo parlamentario, entre 16 y 16 legisladores.
En ese sentido, remarcó que los acuerdos requieren una base común que incluya dimensiones éticas, sociales y económicas, y advirtió que las contradicciones en las políticas públicas dificultan ese proceso.
No obstante, aclaró que su espacio político no está cerrado al diálogo, destacando la responsabilidad institucional de los legisladores de buscar puntos de acuerdo. Además, afirmó que el objetivo es brindar respuestas concretas a la ciudadanía a través de herramientas legislativas.
La diputada insistió en la necesidad de evitar respuestas improvisadas y de legislar con una mirada de largo plazo, especialmente en temas sensibles como la educación. Remarcó que el sistema educativo acompaña a los estudiantes durante gran parte de su desarrollo y requiere políticas sostenidas.
También enfatizó la importancia de garantizar condiciones materiales adecuadas tanto para las familias como para los docentes, señalando que sin estas bases resulta difícil sostener procesos educativos de calidad.
Finalmente, subrayó que el desafío implica una responsabilidad ética del mundo adulto, que debe generar condiciones coherentes con los valores que se pretende transmitir a las nuevas generaciones.