En un acto cargado de significado institucional, Jessica Yanina Ayala juró como la primera titular de la Defensoría Pública de Víctimas del Chaco, un organismo largamente esperado que apunta a fortalecer el acceso a la Justicia de quienes sufrieron delitos.
La ceremonia se realizó en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y fue encabezada por su presidente Enrique Varela, junto a los ministros Iride Isabel María Grillo, Víctor Del Río y Emilia Valle. También participaron autoridades de los tres poderes del Estado, entre ellas la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, y la Defensora General, Alicia Alcalá.
La jura de Ayala marca un punto de inflexión en la política judicial chaqueña, al poner en funcionamiento una institución destinada específicamente a la asistencia, representación y acompañamiento de víctimas en el proceso penal.
Su designación se enmarca en la puesta en marcha de la Defensoría en la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Resistencia.
Según se informó, la dependencia comenzará a funcionar en Brown 76 desde el 27 de abril, lo que permitirá canalizar demandas históricas en materia de acceso a la Justicia, especialmente para sectores en situación de vulnerabilidad, publicó el portal judicial Litigio.
UN COMPROMISO INTERNACIONAL
La creación de la Defensoría de Víctimas no es un hecho aislado. Responde a un compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso Amanda Encaje, que expuso graves falencias en la investigación judicial de un crimen ocurrido en 1992 en Resistencia.
Si bien la institución había sido creada por ley en 2021, su implementación venía demorada. Recién con el decreto provincial 1654/25 se avanzó en la creación de cargos y condiciones materiales para su funcionamiento efectivo.
El decreto, firmado en octubre por el gobernador, Leandro Zdero, dispuso la creación de seis nuevos cargos para garantizar el funcionamiento efectivo de la Defensoría: un cargo de defensor de víctimas, un secretario, dos jefes de división y dos administrativos.
La puesta en marcha fue resultado de gestiones impulsadas desde el Poder Judicial.
La defensora general del Chaco, Alicia Alcalá, había solicitado formalmente al STJ que acompañe el pedido ante el Poder Ejecutivo, recordando que los cargos ya contaban con presupuesto aprobado para el ejercicio 2024.