La Justicia del Chaco fijó fecha para el juicio oral por uno de los casos recientes más emblemáticos de violencia policial en la provincia: la brutal agresión contra jóvenes de la comunidad Qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, ocurrida el 31 de mayo de 2020 en plena pandemia del coronavirus.
La resolución fue firmada por la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Dolly Fernández, y establece que el debate oral y público se realizará los días 23, 24, 25 y 30 de junio, y 1, 2, 7 y 8 de julio. Además, se fijó una audiencia preliminar para el 19 de mayo, instancia en la que las partes deberán definir cuestiones procesales, según pudo saber el portal judicial Litigio.
El avance llega casi seis años después de los hechos. Aquella madrugada, un grupo de efectivos de la Comisaría Tercera irrumpió en una vivienda sin orden judicial, derrumbó la puerta y golpeó a varios jóvenes de la comunidad Qom.
Las víctimas denunciaron haber recibido golpes de puño, patadas y culatazos, acompañados de insultos con connotación racista. “Indios de mierda, los vamos a matar”, fueron algunos de los gritos que propinaron los policías. Las imágenes del violento operativo se viralizaron y conmocionaron al país.
El entonces presidente Alberto Fernández calificó las escenas como “inaceptables” y celebró que el Ejecutivo provincial apartara preventivamente a los efectivos involucrados.
TENIA MIEDO
Según la acusación fiscal, las agresiones no se detuvieron al llegar a la dependencia policial. Los detenidos habrían sido nuevamente golpeados mientras permanecían reducidos en la Comisaría Tercera, donde estuvieron retenidos por más de diez horas.
El operativo habría comenzado tras un supuesto ataque con piedras a la comisaría, hecho que nunca fue acreditado.
“Tenía miedo, no sabía adónde me estaban llevando ni si iba a volver a ver a mi mamá y a mis hermanos”, relató una de las jóvenes detenidas. “Nos sacaron y nos estuvieron paseando en la camioneta. Tuve miedo de que nos maten, que nos tiren por ahí como pasó en otros casos”, contó otro de los jóvenes.
LA CAUSA
La causa fue elevada a juicio oral en abril de 2022, luego de que la jueza de Garantías 3 de Resistencia, Rosalía Zózzoli, dejara firme el requerimiento del fiscal Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos, y rechazara el pedido de las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura, la por entonces Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la Defensoría Oficial para que los hechos cometidos contra los jóvenes del pueblo Qom sean calificados como “torturas” y “omisión de evitar torturas”.
En su rechazo al cambio de calificación del delito de vejaciones agravadas al de torturas solicitada por las partes querellantes y también por la organización Amnistía Internacional, amigo del tribunal en la causa, la jueza argumentó que el examen del caudal probatorio “permite desechar una brutal o severa golpiza o castigo físico o psíquico de inusitada crueldad contra las víctimas de autos”.
Con todo, el expediente permaneció radicado en la Cámara Segunda sin avances durante más de tres años, pese a los pedidos reiterados de las partes para que se fijara una fecha de inicio del debate.
LOS IMPUTADOS
Por estos hechos llegarán a juicio diez efectivos policiales: la jefa de la Comisaría Tercera, Claudia Lucena, y los agentes Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera y Sebastián Alberto Vallejos. Todos continúan en funciones en la Policía del Chaco. Los cargos incluyen allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, detención ilegal y falsedad ideológica.
La causa es impulsada como querellante por el Comité para la Prevención de la Tortura, en representación de las víctimas. Amnistía Internacional también participa en el proceso en carácter de amicus curiae, figura jurídica que permite a terceros aportar información y argumentos relevantes para la decisión judicial.