La Cámara de Diputados volvió a quedar paralizada este lunes tras el fracaso de una nueva sesión extraordinaria convocada para tratar la renuncia de la presidenta del cuerpo, Carmen Delgado, como integrante del Consejo de la Magistratura.
La falta de quórum, producto de la ausencia de los legisladores del Frente Chaqueño, impidió el desarrollo del debate parlamentario y profundizó las dificultades de conducción política que atraviesa la presidencia legislativa, en un escenario donde el cuerpo sesiona apenas cada quince días y acumula reiterados intentos fallidos de funcionamiento pleno.
La convocatoria se realizó en el marco del artículo 112 de la Constitución provincial y tenía como eje el tratamiento del expediente 57/2026, mediante el cual Delgado formalizó su dimisión al organismo encargado de la selección y remoción de magistrados. El oficialismo impulsaba, además, la designación de un titular y un suplente para cubrir las representaciones correspondientes dentro del Consejo de la Magistratura, argumentando la necesidad de preservar el normal funcionamiento institucional del organismo judicial.
Sin embargo, la sesión extraordinaria no logró reunir el número mínimo de legisladores presentes para habilitar el debate parlamentario. La ausencia total de la bancada opositora dejó nuevamente expuesta la fragilidad política de la Cámara y la imposibilidad de la presidencia legislativa de garantizar la presencia de diputados tanto del oficialismo como de la oposición para sostener el funcionamiento regular del cuerpo parlamentario.
El nuevo fracaso parlamentario se produjo en un contexto de creciente tensión política dentro de la Legislatura chaqueña, donde las dificultades para alcanzar consensos y sostener sesiones vienen repitiéndose desde hace varios meses.
La situación adquiere particular relevancia debido a que la Cámara tiene un esquema de sesiones ordinarias quincenales, por lo que cada convocatoria frustrada genera una acumulación de expedientes pendientes y retrasa el tratamiento de temas institucionales y sociales.
EL OFICIALISMO
Y EL ARGUMENTO INSTITUCIONAL
Desde la bancada oficialista Chaco Puede sostuvieron que la convocatoria respondía a una necesidad institucional urgente vinculada al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Los legisladores firmantes habían solicitado tratar el expediente «con carácter urgente», al considerar indispensable avanzar en la cobertura de las representaciones correspondientes dentro del organismo judicial. El diputado Samuel Vargas fue uno de los principales voceros del oficialismo tras el fracaso de la convocatoria legislativa. El legislador confirmó públicamente que «fracasó la sesión extraordinaria por falta de quórum» y responsabilizó a la ausencia opositora por la imposibilidad de avanzar en el tratamiento parlamentario previsto para este lunes.
Vargas explicó que «la sesión tenía como objetivo tratar la renuncia de la presidenta Carmen Delgado al Consejo de la Magistratura y avanzar en la designación de un titular y un suplente, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo IV, artículo 166 de la Constitución del Chaco y el Capítulo XXII, artículo 172 del reglamento interno».
De esta manera, el oficialismo intentó enmarcar la convocatoria dentro de las obligaciones institucionales establecidas por la normativa vigente.
El legislador oficialista reconoció además que «la falta de quórum es una herramienta reglamentaria válida que puede ser utilizada por la oposición», aunque advirtió que la ausencia parlamentaria «retrasa el tratamiento de temas clave».
A pesar del nuevo fracaso parlamentario, Vargas aseguró que el oficialismo continuará impulsando la agenda legislativa prevista. «Continuaremos trabajando para dar cumplimiento a la normativa vigente y avanzar en los asuntos de interés para el pueblo chaqueño», expresó el diputado, en una señal orientada a mostrar continuidad institucional frente a la reiteración de sesiones fallidas.
LA OPOSICIÓN
Y EL RECHAZO A «REPARTIR CARGOS»
La bancada opositora difundió un duro comunicado en el que justificó su decisión de no presentarse a la sesión extraordinaria. El documento cuestionó abiertamente el objetivo de la convocatoria y acusó al oficialismo de priorizar acuerdos políticos internos por encima de las demandas sociales que atraviesa la provincia.
«No vamos a ser parte de una sesión para repartir cargos», señalaron los legisladores opositores en el encabezado del comunicado difundido públicamente horas antes de la sesión. La oposición sostuvo que no participaría de «una sesión extraordinaria destinada a repartir cargos, mientras el oficialismo le da la espalda a las urgencias de la gente».
El Frente Chaqueño vinculó su ausencia parlamentaria con la situación social y económica que atraviesa la provincia. «No pueden seguir mirando para otro lado cuando hay cientos de familias afectadas por la emergencia hídrica, cuando el impacto de las tarifas de la energía eléctrica y del agua golpea cada vez más fuerte, y cuando los salarios pierden poder adquisitivo día a día», expresaron en el documento.
La oposición también cuestionó el sentido político del funcionamiento legislativo actual y advirtió que «la Legislatura no puede convertirse en un ámbito de meros acuerdos políticos que no le mejoran la vida a nadie». En ese mismo texto, los legisladores opositores remarcaron que «nuestra responsabilidad es sesionar para dar respuestas concretas a los problemas reales de la gente».
La bancada opositora enumeró además una serie de temas que considera prioritarios y cuya discusión exige incorporar inmediatamente a la agenda parlamentaria. Entre ellos mencionaron «la emergencia hídrica», «freno al aumento de las tarifas de luz», «la emergencia salarial de docentes y empleados públicos» y «la emergencia alimentaria».
El comunicado concluyó con una definición política orientada a justificar el rechazo a la convocatoria extraordinaria impulsada por el oficialismo. «No vamos a desviar la atención de lo que verdaderamente importa», afirmaron los legisladores opositores, dejando en claro que mantendrán una estrategia de presión parlamentaria vinculada a la agenda social y económica provincial.
Una Legislatura que no legisla
La caída de la sesión extraordinaria volvió a exponer las dificultades estructurales que atraviesa la Cámara de Diputados del Chaco para sostener un funcionamiento regular y ordenado. Las reiteradas convocatorias frustradas reflejan un escenario de alta conflictividad política y una creciente incapacidad institucional para garantizar acuerdos mínimos de funcionamiento parlamentario.
El problema adquiere mayor dimensión debido a que la Legislatura chaqueña mantiene un esquema de sesiones cada quince días, lo que vuelve especialmente sensibles las ausencias y los conflictos de quórum. Cada sesión caída implica extender aún más los tiempos legislativos y postergar decisiones vinculadas tanto a cuestiones institucionales como a iniciativas de impacto social.
En distintos sectores políticos existe preocupación por la imposibilidad de la presidencia de la Cámara de garantizar la presencia de legisladores para habilitar las sesiones.
La conducción parlamentaria enfrenta dificultades recurrentes para ordenar el debate político interno y construir consensos mínimos que permitan sostener la actividad legislativa en condiciones normales.
El episodio de ayer dejó, además, en evidencia las tensiones internas que atraviesan al oficialismo y la falta de capacidad de negociación política para asegurar asistencia plena incluso en convocatorias consideradas prioritarias por la propia conducción legislativa. La ausencia opositora terminó paralizando nuevamente el funcionamiento institucional del cuerpo.
La situación también impacta sobre la imagen pública de la Legislatura provincial, cuestionada por amplios sectores debido a la escasa productividad parlamentaria y la reiteración de conflictos políticos que impiden avanzar en proyectos considerados relevantes para distintos sectores sociales afectados por la crisis económica y climática.