La sentencia fue dada a conocer por los jueces Juan Manuel Iglesias, Osvaldo Facciano y Enrique Bosch, integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, quienes leyeron la parte resolutiva del fallo luego de varias jornadas de debate.
Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso para Tito López la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos vinculados a la administración pública y una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas.
En el caso de Librada Romero, el TOF la condenó como coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado a nueve años de prisión, con inhabilitación especial perpetua, costas y una multa de dos veces el monto de las operaciones.
Sus hijos David Alberto, Walter y Daniel López también fueron hallados culpables como coautores del delito de lavado de activos agravado en el marco de una asociación ilícita y recibieron penas de nueve años de prisión, junto a inhabilitaciones y multas económicas.
Como parte de la sentencia -publicado por el portal Chaco Día por Día-, el tribunal ordenó poner a disposición judicial las extensiones de tierras fiscales involucradas en la causa, junto con las mejoras realizadas y los animales existentes en esos predios. También dispuso el decomiso de los bienes considerados producto o provecho de las maniobras ilícitas investigadas.
EL PEDIDO
DE LA FISCALÍA
Durante los alegatos, el fiscal federal Federico Carniel había solicitado penas más severas.
Para Tito y su esposa pidió 13 años de prisión por lavado de activos agravado y asociación ilícita, mientras que para sus tres hijos requirió condenas de 12 años.
Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, la familia López conformó una estructura destinada al lavado de dinero proveniente de maniobras irregulares vinculadas a tierras fiscales, fondos públicos y operaciones comerciales sin respaldo económico declarado.
PATRIMONIO MILLONARIO
Impulsada por el fiscal, Patricio Sabadini, la investigación federal reveló un importante crecimiento patrimonial de la familia López que, según la acusación, no guardaba relación con los ingresos declarados ante Arca.
La causa se inició tras informes remitidos por el Equipo Fiscal Especial del Poder Judicial del Chaco a la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, donde se advertían maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y fraude a la administración pública.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la ocupación de más de 1.200 hectáreas en cercanías de Cote Lai, la adquisición de ganado y vehículos de alta gama, la compra de campos y viviendas, y la utilización de fundaciones que facturaban millones de pesos al Estado provincial, especialmente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep).
La fiscalía también expuso que tanto Tito López como su núcleo familiar registraban escasa o nula actividad económica formal, movimientos bancarios mínimos y una situación fiscal incompatible con el patrimonio acumulado.
En paralelo, la investigación detectó contratos de leasing sobre tierras fiscales otorgadas por el Estado provincial, que habrían sido arrendadas a empresarios agropecuarios privados mediante maniobras consideradas irregulares por la Justicia Federal.
El caso se convirtió en una de las investigaciones más resonantes de los últimos años en el Chaco por el volumen del patrimonio detectado, las conexiones con organismos estatales y el manejo de fondos públicos destinados a proyectos productivos.