Los concejales del bloque opositor, Lucila Masin, Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez formalizaron una presentación ante el Tribunal de Cuentas del Chaco solicitando una intervención urgente para auditar la ejecución de la obra pública municipal de los ejercicios 2025 y 2026. El pedido alcanza un monto total de $3.858.554.782,02.
La presentación fundamenta la necesidad de control no solo en la Carta Orgánica Municipal, sino también en los principios de la Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.
Esta normativa obliga a los Estados a garantizar la transparencia y el libre acceso a los datos sobre el uso de fondos públicos, algo que el Ejecutivo municipal viene eludiendo sistemáticamente.
Supuesta falta de transparencia e irregularidades
La presentación pone la lupa sobre una serie de obras adjudicadas mediante procedimientos de excepción. Se destaca que tres de las seis obras del ejercicio 2025 fueron otorgadas a la misma empresa, Dalno SRL, a través de sucesivas contrataciones directas que suman más de $631 millones. Los ediles alertan sobre un posible «fraccionamiento indebido de contrataciones» para evitar procesos de licitación más rigurosos.
Entre los puntos principales del pedido de informes se encuentran:
Obras bajo sospecha en 2025: incluyen la remodelación del Cementerio San Francisco Solano ($450 millones), la refacción de la Escuela Municipal de Folklore ($792 millones) y la readecuación del centro de monitoreo en Laguna Argüello.
Obras 2026 en la mira: se exige auditar las reformas en el Domo del Centenario y el Parque 2 de Febrero, las cuales superan los $2.100 millones en el presupuesto actual.
El rol de control
de la oposición
«Los actos de gobierno deben ser públicos y los vecinos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero», señalaron los concejales. El bloque opositor exige que el Tribunal de Cuentas verifique si hubo sobreprecios, si la ejecución física de las obras se corresponde con lo pagado y si existe la documentación técnica respaldatoria.
«No queremos más anuncios vacíos, queremos transparencia total», enfatizaron desde el bloque, remarcando que esta acción busca prevenir irregularidades en el manejo de los fondos públicos ante la falta de rendiciones documentadas por parte del Ejecutivo municipal.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, la concejala Lucila Masin precisó que «queremos saber sobre la contratación de obras del Ejecutivo municipal que fueron efectuadas bajo la modalidad de contratación directa y ejecutadas por la empresa Dalno SRL, a través de sucesivas contrataciones directas que suman $631 millones».
«Son obras que están presupuestadas presuntamente por un monto notoriamente superior al valor real de concreción de las mismas, como la de un conocido kiosco municipal que, por sus dimensiones, deja a las claras que no se condice con la inversión expuesta», explicó.
También mencionó obras como las que se están ejecutando en el Cementerio municipal, la refacción de la Escuela Municipal de Folclore, las reformas en el Domo del Centenario y el parque 2 de Febrero, entre otras.
La edil consideró que posiblemente se esté violando la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que en ocasiones no se puede constatar la información detallada sobre tales inversiones. «Es por ello que pedimos al Tribunal de Cuentas que investigue», afirmó.
«Tienen la teoría
del descarte»
En otra parte del diálogo, Masin se refirió a la reunión de comisión que se efectuó en el día de ayer, en la que se evitó dar tratamiento al tema de los «cuidadores de coches», iniciativa que propone capacitar a las personas que realizan esa actividad y evitar que sean «descartadas».
«El proyecto oficialista lo que busca con su prohibición es descartar a las personas sin tener una mirada humana. No les interesa si no tienen para comer después», enfatizó.
El proyecto contempla instancias de capacitación laboral y la posibilidad de generar alternativas de inserción. «Buscamos que el municipio los pueda registrar, identificar y ordenar el funcionamiento», explicó la edila.