La desaparición de Axel González en la madrugada del pasado domingo 17 volvió a colocar en el centro del debate público el funcionamiento de la Policía del Chaco y la conducción política del sistema de seguridad provincial.
El caso motivó una extensa carta pública del diputado provincial Sebastián Benítez Molas, quien vinculó el hecho con episodios ocurridos en los últimos dos años, sobre los que aseguró que existe una profunda crisis institucional dentro de la fuerza.
El legislador provincial apeló a una reconstrucción cronológica de distintos casos que involucraron a integrantes de la Policía del Chaco, bajo la consigna «Hagamos memoria», sobre los que remarcó que existe una «cadena de desastres» y cuestionó directamente al jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, a quien responsabilizó por la situación interna de la fuerza.
Uno de los primeros antecedentes mencionados por el diputado corresponde al 8 de abril de 2024, cuando Emanuel Agudo, un joven con Síndrome de Down, fue golpeado y detenido por efectivos policiales al salir de un gimnasio.
Según la carta pública, el procedimiento ocurrió delante de su familia y participaron los policías Julio Rivero, Lorena Rojas y Maximiliano Ponce. Este último fue posteriormente declarado prófugo al no presentarse al juicio. El legislador recordó que Emanuel Agudo sufrió secuelas luego del episodio, que generó amplia repercusión pública y denuncias por violencia institucional.
La reconstrucción realizada por Benítez Molas continuó con hechos ocurridos en 2025 vinculados a situaciones de violencia, abuso y descontrol dentro de la fuerza. El 11 de mayo de ese año, el agente Agustín Duarte murió y el efectivo Germán Franco resultó gravemente herido tras participar de un entrenamiento policial realizado en Colonia Benítez.
Apenas tres días después, un comisario de la División Criminalística de General San Martín fue denunciado por una agente de 22 años por presunto abuso sexual, sumando un nuevo episodio de gravedad que impactó sobre la imagen institucional de la policía chaqueña.
A esa secuencia se añadió el caso ocurrido el 17 de agosto de 2025 en Taco Pozo, cuando el comisario Daniel Augusto Melchiori fue acusado de agredir e intentar atropellar con su vehículo a un grupo de 59 médicos, kinesiólogos y enfermeros cordobeses que realizaban un operativo de salud solidario.
Según el documento difundido por el diputado, el oficial se encontraba alcoholizado y además golpeó al chofer del contingente e intentó quitarle las llaves del vehículo. El episodio generó fuertes cuestionamientos debido a que involucró a personal sanitario que desarrollaba tareas comunitarias en la localidad chaqueña.
Críticas a la cadena de mando
La enumeración realizada por Benítez Molas incluye al caso de Nelson Gusak, cuyo cuerpo fue identificado el 24 de abril de 2026 en la zona sur de Resistencia. El hombre (42) había desaparecido siete meses antes sin que durante ese período se hubiera encontrado una sola pista sobre su paradero.
El legislador vinculó el caso con las críticas dirigidas a las autoridades policiales y al funcionamiento general del sistema de investigación criminal en la provincia.
Entre los episodios más graves citados por el diputado aparece el doble homicidio cometido el 6 de mayo de 2026 por el agente Luciano Etudie, perteneciente a la Comisaría Cuarta. Según el texto difundido públicamente, el efectivo asesinó primero a su padre en Puerto Vilelas y luego mató a su ex en Resistencia mientras se desarrollaba un operativo de seguridad que intentaba negociar la liberación de la mujer y de su hijo pequeño.
El hecho generó una profunda conmoción social y volvió a instalar cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación psicológica y control interno dentro de la fuerza policial.
La carta pública también menciona el fallecimiento del sargento Hernán Quintana, hallado muerto de un disparo en Resistencia el 19 de mayo de 2026.
Las autoridades investigaban un presunto suicidio, aunque el caso se sumó a un escenario ya marcado por episodios traumáticos y denuncias reiteradas dentro de la institución policial chaqueña. Para el diputado provincial, la acumulación de hechos de distinta naturaleza expone una situación de deterioro institucional que requiere respuestas políticas inmediatas.
Corrupción y violencia
El repaso elaborado por el legislador provincial avanzó luego sobre distintos episodios registrados entre noviembre y diciembre de 2025.
El 1 de noviembre, dos efectivos fueron filmados en un basural cercano al Aeropuerto de Resistencia mientras inhalaban cocaína. Semanas más tarde, el 10 de diciembre, otros dos policías fueron denunciados por extorsionar a un motociclista durante un control vehicular sobre ruta 11. Según la acusación, le exigieron una transferencia de 10 mil pesos para evitar la multa y el secuestro de su motocicleta.
Otro de los casos destacados en la carta pública ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando siete integrantes del Departamento de Consumos Problemáticos fueron detenidos acusados de sustraer cocaína que debía ser incinerada en el Polígono policial de Colonia Benítez.
El hecho provocó un fuerte impacto institucional debido a que, según el texto difundido por Benítez Molas, la maniobra se habría producido «a la vista de decenas de agentes y funcionarios judiciales», lo que profundizó las sospechas sobre los mecanismos internos de control dentro de la fuerza provincial.
El documento también recordó una serie de episodios violentos ocurridos ya en 2026. El 27 de enero, un efectivo de la Comisaría 14ª de Resistencia fue filmado mientras se peleaba a golpes con un vecino en la vía pública de villa Don Alberto.
Pocos días después, el 2 de febrero, una agente de la División de Caballería protagonizó disturbios en estado de ebriedad, con 1,6 gramos de alcohol en sangre, tras enfrentarse con una vecina y posteriormente insultar a superiores y compañeros en la comisaría Tercera, donde había sido trasladada.
El legislador incluyó además el caso registrado el 5 de abril de 2026, cuando tres efectivos policiales renunciaron a la institución. En ese contexto, recordó que la Policía del Chaco difundió un comunicado negando versiones de crisis interna, aunque el episodio se produjo «en un contexto marcado por reclamos salariales, desgaste operativo y cuestionamientos internos que vienen creciendo en silencio».
La mención apuntó a remarcar que, según la interpretación del diputado, las dificultades dentro de la fuerza no se limitan a hechos aislados, sino que reflejan tensiones acumuladas desde hace tiempo.
Otro de los hechos mencionados tuvo lugar el 23 de abril de 2026 en Colonias Unidas, donde un efectivo policial abrió fuego contra el sector de guardia de una comisaría mientras se encontraba presuntamente alcoholizado y bajo efectos de drogas.
El ataque dejó herido a otro agente y, de acuerdo con la carta pública, los investigadores sospechaban de un conflicto previo entre ambos efectivos. La gravedad del episodio reavivó las críticas hacia los controles internos y los mecanismos de supervisión sobre el personal policial en actividad.