La nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), Leila Guarnieri, entrevistada por Radio Libertad, advirtió que la eventual derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable representaría «un enorme retroceso en términos de salud pública», al considerar que la normativa ha demostrado efectos concretos en la capacidad de la población para identificar productos no saludables, modificar hábitos de consumo y fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a estrategias comerciales vinculadas a alimentos ultraprocesados.
LA EVIDENCIA SOBRE EL IMPACTO DEL ETIQUETADO
Guarnieri explicó que la organización viene acompañando la implementación de la ley desde su desarrollo y que, una vez puesta en marcha, continuó evaluando sus resultados mediante distintas investigaciones.
En ese marco, destacó la realización de estudios junto a Unicef destinados a medir el impacto de la normativa en los hábitos de consumo y en la comprensión de la información nutricional por parte de la ciudadanía.
Según detalló, una de las principales conclusiones obtenidas fue que «más del 90% de las personas afirma que los sellos ayudan a identificar de forma rápida y sencilla los productos no saludables». Para la especialista, este dato constituye una evidencia relevante sobre la utilidad de los octógonos negros incorporados en los envases como herramienta de información para consumidores.
La investigadora señaló además que el etiquetado frontal permitió revelar características nutricionales que anteriormente pasaban inadvertidas para gran parte de la población. «La ley también permitió ‘desenmascarar’ alimentos que eran percibidos como saludables, como yogures, cereales, barritas y jugos, pero que contienen exceso de azúcares, sodio o grasas», sostuvo al referirse a productos ampliamente presentes en la alimentación cotidiana.
Guarnieri indicó que fenómenos similares ya habían sido observados en otros países de la región, particularmente en Chile, donde los sistemas de advertencias nutricionales fueron implementados años antes. Según explicó, la experiencia argentina comenzó a mostrar resultados comparables, reforzando la utilidad de este tipo de políticas sanitarias orientadas a brindar información clara y visible al consumidor.
CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
La especialista afirmó que los estudios realizados no solo permitieron medir el nivel de comprensión de los sellos, sino también identificar cambios concretos en las decisiones de compra. «Más de la mitad de la población dijo haber modificado su intención de compra en productos como bebidas, yogures y galletitas», expresó al describir los efectos observados tras la implementación de la normativa.
En ese sentido, explicó que la disponibilidad de información visible sobre nutrientes críticos en exceso influye directamente en las elecciones alimentarias. El etiquetado frontal fue concebido precisamente para facilitar la identificación inmediata de productos con altos niveles de azúcares, grasas saturadas, grasas totales, sodio o calorías, permitiendo decisiones más informadas en el momento de la compra.
Guarnieri remarcó que las conclusiones obtenidas por FIC y Unicef encuentran respaldo en otras investigaciones desarrolladas por organismos públicos. Según indicó, estudios realizados por el Ministerio de Salud de la Nación durante 2024 arrojaron resultados similares, reflejando tanto el apoyo social a la normativa como la utilización efectiva de los sellos por parte de los consumidores.
La investigadora sostuvo que los datos disponibles contradicen los cuestionamientos que señalan una supuesta falta de utilidad del sistema.
Por el contrario, afirmó que las evidencias acumuladas muestran que la población comprende el significado de los octógonos y los incorpora como una herramienta práctica al momento de elegir alimentos y bebidas.
El debate de la derogación
Al referirse al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para eliminar la Ley 27.642, Guarnieri manifestó una profunda preocupación por las consecuencias que podría generar una marcha atrás en la regulación vigente. «Sería un completo retroceso en términos de salud pública», afirmó al evaluar el posible impacto de una derogación.
La investigadora cuestionó además algunos de los argumentos utilizados para justificar la iniciativa. «Es una ley de salud pública, no una ley comercial», remarcó al responder a las críticas vinculadas con supuestos costos para la industria alimentaria o eventuales obstáculos para la actividad económica.
En relación con las discusiones regionales, recordó que otros países integrantes del Mercosur cuentan con mecanismos propios de etiquetado frontal. Mencionó los casos de Brasil y Uruguay, que desarrollaron regulaciones adaptadas a sus respectivos sistemas sanitarios, y sostuvo que la existencia de normativas nacionales no constituye una excepción dentro del bloque regional.
Guarnieri también rechazó los planteos que sostienen que los octógonos generan confusión entre consumidores. «Los datos muestran exactamente lo contrario: la población los entiende y los utiliza», aseguró. A su juicio, las discusiones sobre políticas públicas deben apoyarse en evidencia poblacional y no en casos aislados que no representan el comportamiento general de la ciudadanía.
Protección de las infancias y entornos saludables
Guarnieri destacó que la ley trasciende ampliamente el sistema de advertencias gráficas visible en los envases. «La ley es un paquete integral de medidas», afirmó al explicar que la normativa contempla distintas acciones destinadas a promover hábitos saludables y reducir la exposición de las infancias a estrategias comerciales vinculadas al consumo de ultraprocesados.
Entre esas disposiciones mencionó la prohibición de utilizar personajes infantiles, celebridades, deportistas u otros recursos promocionales en productos que contienen sellos de advertencia. «Sabemos que esos recursos eran usados como gancho para incentivar el consumo de productos ultraprocesados», señaló al referirse a mecanismos de marketing históricamente dirigidos al público infantil.
La especialista remarcó que la normativa también incorpora herramientas educativas. Recordó que la ley prevé la inclusión de contenidos de educación alimentaria dentro del sistema educativo, con el objetivo de fortalecer conocimientos y hábitos saludables desde edades tempranas.
Asimismo, subrayó la importancia de promover entornos escolares saludables. Según explicó, la legislación establece criterios para limitar la presencia y oferta de determinados productos en las escuelas, considerando que estos espacios cumplen una función central en la formación alimentaria de niños y niñas y constituyen ámbitos estratégicos para la promoción de la salud.