La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó las prisiones preventivas de cuatro policías chaqueños imputados en la causa conocida como «narcopolicías», y rechazó los pedidos de morigeración y arresto domiciliario formulados por sus defensas.
La resolución fue dictada oralmente por el juez de revisión Enrique Jorge Bosch al cabo de una audiencia que se extendió por más de dos horas.
Los imputados cuyas detenciones fueron ratificadas son César Alegre, Franco Ramírez, Francisco García y Gastón Villalba. Alegre y Ramírez permanecen alojados en el Escuadrón 14 Las Palmas de Gendarmería Nacional, mientras que García y Villalba se encuentran detenidos en la Delegación Resistencia de la Policía Federal Argentina. Las defensas del resto de los imputados (Gustavo Quizama, Néstor Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez y Gustavo Jesús Acosta) decidieron no apelar.
La audiencia, celebrada de manera híbrida entre la sala de la Cámara Federal y conexión remota por Zoom, tuvo por objeto revisar la prórroga de las prisiones preventivas dispuesta el 14 de mayo por la jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger, que extendió las detenciones hasta el próximo 7 de julio, publicó el portal judicial Litigio.
Los abogados defensores plantearon distintos agravios con un eje común: que la medida cautelar carecía de sustento concreto y se apoyaba exclusivamente en la gravedad de los hechos y la expectativa de pena, lo que equivaldría a convertirla en una pena anticipada.
La defensa de Alegre cuestionó además que se hubiera vulnerado el derecho de defensa eficaz al haberse convocado la audiencia de prórroga con tiempo insuficiente para preparar la estrategia.
También incorporaron extractos de informes periciales sobre teléfonos celulares que, según sostuvieron, descartarían una vinculación directa de su defendido con los hechos investigados.
La defensa de Ramírez, a cargo de Nahir Barud, introdujo un informe socioambiental que ponía especial énfasis en el avanzado embarazo de su pareja con antecedentes de amenaza de parto prematuro, y solicitó al menos la concesión del arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.
Por su parte, los defensores de García y Villalba argumentaron que ninguno de los dos había estado presente en el lugar de la quema el 18 de diciembre de 2025, y que la acusación se sostenía en una construcción especulativa basada en mensajes de celular.
RESOLUCIÓN
La auxiliar fiscal Agustina Dragell, de la Unidad de Delitos Complejos, resistió todos los planteos y sostuvo que la resolución de la jueza de garantías era razonable y debidamente fundada.
Recordó que varios de los imputados integraban áreas especializadas en narcotráfico de la Policía del Chaco, lo que incrementaba el riesgo de interferencia en la investigación, y que respecto de Alegre debía ponderarse especialmente su posición jerárquica y el grado de influencia que ello podría tener sobre personas vinculadas al proceso.
El juez Bosch compartió esa postura. Al resolver, valoró la gravedad institucional de los hechos -la presunta sustracción de más de 9 kilogramos de cocaína durante un operativo oficial de incineración- y consideró que la escala penal aplicable, la imposibilidad de una condena condicional y la posible vinculación de los acusados con estructuras narco justificaban mantener el peligro de fuga.
En cuanto al riesgo de entorpecimiento, señaló que la investigación no está concluida, que podrían existir otros partícipes por identificar y que subsiste la posibilidad de influir sobre futuros testigos.
Sobre el pedido de prisión domiciliaria para Ramírez, el magistrado reconoció la proximidad del parto de su pareja, pero consideró que la mujer cuenta con una red familiar de apoyo suficiente y que no se configura una situación de desamparo que habilite ese beneficio.
Respecto de los extractos periciales presentados por la defensa de Alegre, Bosch admitió que señalaban la ausencia de una vinculación directa entre el teléfono del imputado y los hechos, pero entendió que, analizados de manera aislada y sin acceso al conjunto del legajo, carecían de la contundencia necesaria para descartar su participación.
EL CASO
La causa investiga a un grupo de policías chaqueños acusados de intentar sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante el operativo de incineración judicial realizado el 18 de diciembre de 2025 en Colonia Benítez, en el que se destruían más de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína.
Según la hipótesis fiscal, los efectivos habrían ocultado los estupefacientes en mochilas y en un patrullero con el objetivo de retirarlos del predio sin ser detectados, siendo frustrados por funcionarios judiciales presentes en el lugar.
Alegre, señalado como presunto organizador de la maniobra, enfrenta una imputación de mayor gravedad que el resto tras la readecuación de cargos resuelta el 14 de mayo. La investigación, prorrogada hasta el 7 de julio, sigue a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini.