El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Charata resolvió fijar de manera provisoria una cuota alimentaria equivalente al 30% de los haberes del progenitor para un hijo o hija por nacer, en una decisión que refuerza la protección de los derechos durante el embarazo.
La medida fue adoptada por la jueza Tamara Jaremczuk mediante el interlocutorio N° 46/26, en el marco de una causa en la que se solicitó asistencia económica para afrontar los gastos derivados de la gestación.
En su resolución, la magistrada destacó que la prestación alimentaria tiene rango constitucional y recordó que el artículo 665 del Código Civil y Comercial de la Nación habilita a la mujer embarazada a reclamar alimentos en representación del hijo o hija por nacer. El objetivo de esta herramienta legal es garantizar recursos para cubrir gastos médicos, alimentación y demás cuidados necesarios durante el embarazo.
Jaremczuk explicó que, para acceder a este derecho, la ley exige acreditar de manera sumaria la filiación alegada, sin que sea indispensable contar con una certeza absoluta sobre la paternidad, cuestión que podrá definirse posteriormente en un eventual proceso de filiación.
“La legitimación recae sobre toda mujer embarazada, sin perjuicio de reconocer que la más desprotegida es aquella que no posee pareja estable”, sostuvo la jueza en los fundamentos del fallo.
Asimismo, la resolución pone el foco en el interés superior del niño, principio rector que busca asegurar la satisfacción plena y efectiva de sus derechos desde antes del nacimiento. En ese sentido, remarcó la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho alimentario, reconocido en tratados internacionales de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, legislación nacional y la normativa provincial vigente.
La magistrada aclaró que la medida tiene carácter provisorio y regirá hasta que se sustancie y resuelva el correspondiente proceso de alimentos definitivos, sin que ello implique adelantar opinión sobre el resultado final de la causa.
La decisión representa un antecedente relevante en materia de protección integral de niños y niñas por nacer, al reconocer la necesidad de garantizar asistencia económica durante el embarazo para preservar condiciones adecuadas de salud y desarrollo.