El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura pidió a la Cámara Segunda en lo Criminal que garantice la realización del juicio por la causa de violencia institucional de Fontana. El debate fue reprogramado para septiembre de 2026, a más de seis años de los hechos ocurridos contra una familia de la comunidad Qom.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes del Chaco presentó una solicitud formal ante la Cámara Segunda en lo Criminal para que se arbitren las medidas necesarias que permitan concretar, en el menor plazo posible, el juicio oral por los hechos de violencia institucional ocurridos en Fontana en 2020, que tuvieron como víctimas a integrantes de una familia de la comunidad Qom.
La presentación se produjo luego de que el Tribunal resolviera postergar nuevamente el inicio del debate oral y público, que estaba previsto para el próximo 23 de junio. Las audiencias fueron reprogramadas para septiembre de 2026, lo que representa una nueva dilación en una causa considerada emblemática en materia de derechos humanos y violencia institucional en la provincia.
La investigación tiene como imputados a varios efectivos policiales acusados de haber irrumpido sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana, donde residía una familia perteneciente al pueblo Qom. Según la acusación, durante el procedimiento las víctimas habrían sido sometidas a agresiones físicas, vejámenes y detenciones ilegales, tanto en el domicilio como posteriormente en dependencias policiales.
En el escrito presentado ante la Cámara, el Comité recordó que los hechos ocurrieron en 2020 y que ya transcurrieron más de seis años sin que se haya realizado el juicio oral. Además, señaló que esta no es la primera suspensión del debate. En octubre de 2025, las audiencias previstas para noviembre y diciembre fueron reprogramadas debido a la superposición con otro proceso judicial, mientras que ahora la nueva postergación se fundamentó en licencias de magistradas y en la agenda de otros juicios programados para los próximos meses.
El organismo advirtió que las reiteradas demoras afectan el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable y generan una situación de incertidumbre que agrava las consecuencias de los hechos denunciados.
Asimismo, destacó que las víctimas pertenecen a una comunidad históricamente vulnerable y que el caso involucra presuntos hechos de violencia institucional, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar una investigación y un juzgamiento rápidos, eficaces y acordes a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
La presentación también invoca la legislación provincial y nacional sobre derechos de las víctimas, así como tratados internacionales que reconocen el derecho al acceso a la justicia sin dilaciones indebidas, especialmente cuando se investigan posibles violaciones graves de derechos humanos.
En su petitorio, el Comité solicitó que se adopten todas las medidas necesarias para evitar nuevas postergaciones y que, incluso, se evalúe adelantar la realización del juicio si existieran las condiciones para ello. Además, pidió que, de ser necesario, se gestionen mecanismos de integración del Tribunal para asegurar la continuidad del proceso.
La causa, conocida públicamente como «Bandera Argentina», es considerada uno de los casos más relevantes de violencia institucional ocurridos en el Chaco durante los últimos años y continúa siendo seguida de cerca por organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas y sectores vinculados a la defensa de las garantías constitucionales.