La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió este jueves dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el marco de una causa que mantenía en discusión la ejecución de partidas y recomposiciones previstas por la normativa sancionada por el Poder Legislativo.
El pronunciamiento del máximo tribunal se produjo luego de que el gobierno nacional interpusiera un recurso contra la decisión judicial previa. La Corte rechazó ese planteo por considerar que no existía sentencia definitiva en el expediente, lo que dejó vigente la cautelar dictada por instancias inferiores de la justicia contencioso administrativa federal.
En ese marco, se mantiene la obligación de aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados a la actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas, así como a la recomposición de programas estudiantiles alcanzados por la normativa.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y EL SISTEMA UNIVERSITARIO
El fallo del máximo tribunal llega luego de un acuerdo reciente entre el gobierno nacional y las universidades públicas, que permitió destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.
Ese entendimiento fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en el marco de negociaciones con distintos actores del sistema educativo.
El acuerdo fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. En ese marco, se estableció una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario, según lo informado oficialmente por la cartera nacional.
Las negociaciones que derivaron en ese entendimiento se desarrollaron tras un extenso período de reclamos, medidas de fuerza y presentaciones administrativas y judiciales por parte de las universidades nacionales, que reclamaban la actualización de los fondos previstos por la ley sancionada por el Congreso.
En ese contexto, el acuerdo permitió encauzar parcialmente el conflicto, aunque la intervención judicial continuó vigente en relación con la aplicación efectiva de los artículos cuestionados y su implementación dentro del esquema presupuestario nacional.
ANTECEDENTES JUDICIALES
Y TRAYECTORIA DE LA CAUSA
La causa se originó a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. El reclamo apuntó a la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, en particular en lo relativo a salarios y programas educativos.
En una etapa previa del expediente, la justicia contencioso administrativa federal había ordenado al Estado nacional cumplir de manera inmediata con una parte de la ley, antes de resolver el fondo de la cuestión. Esa decisión fue posteriormente mantenida por la Corte Suprema, que ahora dejó firme la cautelar.
El conflicto también se inscribió en un escenario en el que el Poder Ejecutivo había vetado inicialmente la ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Congreso insistió en su sanción, lo que llevó a su promulgación. A partir de ese momento, el Gobierno subordinó su implementación a la definición de fuentes de financiamiento.
Ante la resolución de la Cámara correspondiente, el Estado nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema, que fue finalmente rechazado por el máximo tribunal al no cumplirse las condiciones procesales para su tratamiento como sentencia definitiva.
ALCANCES DE LA DECISIÓN Y CONTINUIDAD DEL DEBATE
La decisión de la Corte Suprema no genera efectos económicos adicionales a los ya contemplados en el acuerdo entre Nación y universidades, pero implica un respaldo a la vigencia de la normativa aprobada por el Congreso. En ese sentido, el fallo refuerza la validez institucional de la ley dentro del marco del sistema republicano de división de poderes.
En términos operativos, se mantiene vigente la actualización salarial del personal docente y no docente, así como la recomposición de los programas universitarios alcanzados por los artículos 5 y 6 de la ley. Estos puntos constituyen el núcleo de la medida cautelar que fue confirmada por el máximo tribunal.
El pronunciamiento también consolida la intervención previa de la justicia contencioso administrativa federal, que había dispuesto la aplicación inmediata de determinados aspectos de la norma mientras se resolvía el fondo del litigio. Con la decisión de la Corte, esa línea judicial queda ratificada.
De este modo, el expediente continúa abierto en lo sustancial, aunque con una cautelar firme que establece parámetros concretos de cumplimiento por parte del Estado nacional en materia de financiamiento universitario.