La Justicia Federal resolvió este jueves procesar al exgobernador y actual senador nacional Jorge Milton Capitanich, junto a la ex presidenta del Instituto de Colonización Marta Elena Soneira, empresarios y otros imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos con una presunta maniobra destinada a beneficiar a particulares mediante la entrega irregular de tierras fiscales del Estado provincial.
Según el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, la investigación apunta a una organización que habría utilizado la estructura del Estado para adjudicar miles de hectáreas de campos fiscales a precios muy inferiores a su valor de mercado, favoreciendo a personas vinculadas entre sí mediante relaciones comerciales y personales
De acuerdo con la resolución judicial, la Fiscalía sostiene que Jorge Capitanich desempeñó un papel clave dentro de la presunta maniobra. Se le atribuye haber firmado los decretos que ratificaron la venta de tierras fiscales y haber aprobado mediante decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), decisiones que, según la acusación, facilitaron beneficios para los adjudicatarios investigados.
Los fiscales consideran que esas decisiones formaron parte del esquema investigado y lo ubican como presunto coautor o partícipe necesario en delitos como fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y actos de corrupción.
La resolución también alcanza a la ex titular del Instituto de Colonización, Marta Elena Soneira; a su pareja, Mauricio Ariel Cian; y a los empresarios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, vinculados a las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL.
La acusación sostiene que algunos de ellos habrían presentado declaraciones presuntamente falsas para acceder a campos fiscales y que posteriormente obtuvieron adjudicaciones por valores considerados irrisorios en comparación con el precio real de mercado. Además, se investigan supuestos beneficios impositivos, subsidios y otras ventajas económicas obtenidas mediante la intervención de funcionarios públicos.
La investigación continuará ahora con nuevas medidas probatorias hasta determinar si la causa es elevada a juicio oral, instancia en la que deberá definirse la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.