La provincia del Chaco enfrenta un complejo escenario financiero, consolidándose como una de las jurisdicciones con mayores niveles de deudas de difícil cobro en el país.
Según el análisis de la consultora Analytica, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, la provincia registra una tasa de morosidad del 33,6%. Este indicador refleja el porcentaje de deudores que se encuentran en una situación irregular, acumulando atrasos significativos en el pago de sus compromisos financieros.
Este elevado porcentaje ubica al Chaco en el quinto lugar del ranking nacional de morosidad, superando ampliamente la media del país. La falta de dinamismo en el mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo han empujado a una parte importante de la población local a retrasarse en sus obligaciones con entidades financieras, una problemática que se agudiza especialmente entre los sectores jóvenes, quienes enfrentan las mayores dificultades para estabilizar sus ingresos en la región.
El relevamiento nacional muestra que la provincia de San Juan lidera el índice de irregularidad financiera con un 35,2% de deudores en situación de mora, seguida de cerca por Catamarca con el 34,2%, San Luis con el 34,1% y La Rioja con el 34%. Detrás de este lote de provincias se ubica el Chaco con su 33,6%, completando el grupo de las cinco jurisdicciones con mayor índice de incumplimiento.
En el extremo opuesto, con los indicadores más estables del territorio, se destacan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registra apenas un 16,1% de deudores irregulares, y la provincia de La Pampa, con un 19,5%. Por su parte, la provincia de Buenos Aires muestra una marcada disparidad interna, ya que el Conurbano bonaerense exhibe niveles de morosidad considerablemente más altos en comparación con los que se registran en las ciudades del interior de la misma provincia.
A nivel general, el informe de la consultora advierte que los jóvenes de entre 18 y 30 años representan el segmento más vulnerable frente al endeudamiento. En este grupo etario se concentran las tasas de morosidad más elevadas de toda la muestra, un fenómeno directamente vinculado a la informalidad laboral y los bajos niveles de ingresos que limitan su capacidad para cumplir con los compromisos financieros asumidos.