El gobierno nacional comenzó a hacer circular un extenso anteproyecto de ley de desregulación económica que propone modificar o derogar decenas de normas vigentes y centenares de artículos con el objetivo de liberalizar actividades económicas, reducir requisitos regulatorios y acelerar la digitalización de procedimientos administrativos.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y constituye una de las reformas regulatorias más amplias desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
El texto contiene más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y abarca sectores tan diversos como farmacias, cabotaje, corretaje, mercados financieros, fideicomisos, agroindustria, cultura y transporte marítimo.
La propuesta modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, normas vinculadas con el mercado de capitales, fideicomisos y garantías, además de derogar leyes históricas relacionadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.
Según el objetivo declarado por el Ejecutivo, la iniciativa busca eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.
De aprobarse en el Congreso, implicaría una reestructuración regulatoria de gran alcance con impacto sobre actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte y servicios financieros.
APERTURA DEL CORRETAJE Y CAMBIOS EN EL GLP
En los primeros capítulos del anteproyecto elimina buena parte de las restricciones para ejercer como corredor. La nueva regulación establece que para desempeñar la actividad solo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario, habilitando además que puedan actuar tanto personas humanas como jurídicas.
El proyecto también autoriza que el corretaje se realice mediante plataformas digitales y permite que los corredores se organicen bajo cualquier forma societaria prevista por la legislación vigente. Esta flexibilización apunta a ampliar las modalidades de prestación del servicio y facilitar la participación de nuevos actores en el mercado.
Entre los cambios más significativos, se prohíbe que futuras regulaciones establezcan requisitos de residencia, incompatibilidades con otras profesiones, aranceles mínimos o máximos y honorarios obligatorios. Asimismo, se derogan los artículos 31 a 35 de la Ley 20.266 y el artículo 1355 del Código Civil y Comercial.
En materia de Gas Licuado de Petróleo, el anteproyecto crea un nuevo régimen que limita la intervención estatal a cuestiones de seguridad. La autoridad de aplicación conservará facultades de control técnico, pero se le prohíbe expresamente regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales.
La reforma culmina con la derogación completa de la Ley 26.020 y del artículo 74 de la Ley 24.076, principal marco regulatorio del sector.
De este modo, el Estado mantendría únicamente funciones vinculadas con la seguridad y el control técnico de la actividad.
CULTURA, TRADUCCIONES Y FARMACIAS
El anteproyecto modifica la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y elimina distintos organismos y mecanismos regulatorios vinculados con el sector cultural. La Secretaría de Cultura de la Nación pasará a ser la autoridad de aplicación, mientras se derogan numerosos artículos de la Ley 25.446.
Además, la iniciativa elimina dos normas emblemáticas: las leyes 23.316 y la 25.542, conocida como ley de precio uniforme del libro. La derogación de esta última habilitaría una mayor libertad comercial en la venta de publicaciones.
Otro de los cambios apunta al régimen de traducciones. Se deroga el artículo 6 de la Ley 20.305 y se establece que el Poder Ejecutivo solo podrá exigir traducciones al castellano en casos excepcionales, cuando existan razones técnicas, jurídicas o derivadas de compromisos internacionales.
Uno de los capítulos más sensibles modifica profundamente la Ley 17.565. Entre las principales novedades figuran la venta de medicamentos con receta por canales digitales, la entrega a domicilio, la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, la libertad para fijar horarios de atención y la digitalización de recetas y registros.
La iniciativa también habilita que las farmacias adopten cualquier forma societaria permitida por la legislación vigente y permite que las droguerías vendan directamente al público si deciden constituirse como farmacias. Por otra parte, se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente.
Transformaciones en el agro
En el ámbito agroindustrial, el anteproyecto introduce modificaciones en distintas cadenas productivas. En el caso de la carne vacuna, las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) serían eliminadas definitivamente a partir del 1 de octubre de 2027.
El Ipcva pasaría a sostenerse mediante aportes voluntarios, donaciones, servicios y certificaciones. Esta modificación representa un cambio sustancial en el esquema de financiamiento del organismo, que actualmente se nutre de contribuciones obligatorias del sector.
El Gobierno también propone derogar integralmente las leyes 13.246 y la 14.432, normas que regulan desde hace décadas los contratos de arrendamiento y aparcerías rurales. Los contratos actualmente vigentes continuarán rigiéndose por esas leyes hasta su vencimiento.
Cabotaje y revolución digital
El capítulo dedicado a la marina mercante habilita que buques extranjeros realicen libremente transporte de cabotaje dentro del territorio argentino. Las exigencias de tripulación nacional serán graduales: hasta 90 días no habrá obligación, entre 91 y 180 días se exigirá un 20%, entre 181 y 360 días un 40%, y más de 360 días un 75%.
La reforma también deroga el histórico decreto ley 19.492, eje de la reserva de carga nacional. Entre otros beneficios, se reduce a cero el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad, se flexibilizan los requisitos de matrícula y se digitalizan documentos de transporte marítimo.
La parte más extensa del proyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales. Las reformas incluyen el reconocimiento de contratos inteligentes, el uso de blockchain y registros distribuidos, la posibilidad de constituir prendas sobre activos virtuales y propiedad intelectual, y la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías.
En el ámbito de los warrants, se habilita su emisión digital, negociación en mercados, inscripción electrónica y nuevos mecanismos de ejecución. Para pagarés y letras, el proyecto autoriza cláusulas de actualización e indexación y reconoce plenamente la validez de los instrumentos digitales.