Las instituciones que nuclean a los profesionales del hábitat construido en el Chaco emitieron un documento conjunto en el que expresaron su «profunda preocupación» por la reciente implementación de modificaciones normativas, la aprobación de excepciones municipales y la puesta en vigencia de resoluciones provinciales que, aseguran, fueron impulsadas sin un ámbito previo de diálogo, análisis técnico y reflexión conjunta.
El pronunciamiento lleva las firmas de las autoridades del Colegio Profesional de Técnicos (Ctec), el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo del Chaco (Cpauch), el Consejo Profesional de Agrimensura, el Consejo Profesional de la Ingeniería y Profesiones Afines del Chaco (Copipach), con el acompañamiento de la Federación de Profesionales Universitarios del Chaco (Fepuch).
En el documento, las entidades advierten que las medidas adoptadas «impactan directamente tanto en el ejercicio profesional como en la calidad de vida de toda la sociedad», al considerar que las normas vinculadas al desarrollo urbano, la planificación territorial y el control técnico trascienden el ámbito profesional y repercuten sobre el conjunto de la comunidad.
Defensa del control técnico
Los colegios profesionales cuestionaron las posturas que atribuyen las demoras administrativas exclusivamente a las normativas vigentes o a los organismos de control.
En ese sentido, señalaron que esa visión simplifica problemas complejos relacionados con la seguridad ciudadana, la protección del ambiente y el desarrollo urbano.
Como ejemplo, sostuvieron que responsabilizar únicamente a las regulaciones sería equivalente a afirmar que los semáforos son los responsables de los congestionamientos vehiculares y que la solución sería permitir el paso con luz roja, una comparación utilizada para destacar la importancia de los controles y procedimientos técnicos.
Reclamo por mecanismos de concertación
Las instituciones remarcaron que cualquier modificación al marco normativo local debe atravesar el mismo rigor técnico, jurídico y administrativo que las disposiciones actualmente vigentes.
Asimismo, propusieron la creación de mecanismos formales de concertación entre el Estado, los profesionales y la ciudadanía para fortalecer la legitimidad de las políticas públicas y evitar que las decisiones se adopten en ámbitos cerrados o sin la participación de los sectores especializados.
Según expresaron, un esquema de trabajo participativo permitiría alcanzar consensos, mejorar la calidad de las decisiones y favorecer un desarrollo urbano «seguro, sostenible e inclusivo».
Pedido a las autoridades
En el tramo final del documento, las entidades pusieron a disposición de las autoridades municipales y provinciales sus equipos técnicos para colaborar en la elaboración de futuras políticas públicas.
Además, solicitaron formalmente que, de ahora en adelante, se garantice la participación activa de los colegios y consejos profesionales en la elaboración de normas vinculadas al desarrollo urbano y reclamaron la revisión de las ordenanzas, excepciones y resoluciones que fueron aprobadas bajo el esquema cuestionado.
Finalmente, sostuvieron que el diálogo interinstitucional «no constituye un obstáculo para la gestión pública», sino que representa una herramienta indispensable para asegurar que el crecimiento de las ciudades responda a criterios técnicos rigurosos, al bienestar general y a una planificación sustentable de largo plazo.