El concejal Fabricio Bolatti señaló también que resulta indignante observar cómo miles de millones de pesos salen de las arcas municipales sin traducirse en mejores servicios, obras de calidad o soluciones para la comunidad.
«La obra pública de la gestión de Nikisch viene a garantizar la continuidad del ‘plan inicial’, manteniendo el objetivo frente a un escenario de alto superávit de un municipio con muy poca actividad, salarios congelados y bajos», señaló y en esa línea enumeró irregularidades que fueron observadas y denunciadas oportunamente por el concejal, de forma pública y ante organismos de control pertinentes:
- Sobreprecios en alquileres de máquinas y camiones, con prestaciones «fantasmas» o no recibidas, pero igualmente pagadas.
- Fabricación de deuda de ejercicios anteriores, en el marco de un ilegal Legítimo Abono.
- Contratos a medida, grandes compras directas o licitaciones sin publicación, junto a convenio con Vialidad y contratos a riesgo.
- Sobreprecios en obra pública, con partes no ejecutadas o «resueltas» por fuera.
Discurso oficial versus ejecución
El edil remarcó que, a través de un entramado de medidas, acuerdos y operaciones discrecionales, el oficialismo municipal desvió partidas presupuestarias hacia fines distintos para los que fueron concebidas, arrogándose facultades de manera ilegal. «En los dos primeros años, parte de los recursos destinados originalmente a la obra pública terminaron financiando el alquiler de maquinarias.
Del mismo modo, los fondos previstos para bienes de capital terminaron absorbidos por deuda inventada y un ‘festival’ contratos de obra que rondan el millón de pesos», cuestionó Bolatti.
En ese sentido, el edil expuso que la gestión local montó «un complejo esquema de impunidad que va camino a cooptar la institución», frustrando las expectativas de transparencia, control y justicia independiente que demandaba la ciudadanía.
Según detalló, para garantizar que los sobreprecios lleguen a manos de «empresas cómplices», se generó y configuró un escenario previo caracterizado por:
- Concentración de poder: delegación y concentración ilegal de facultades del Concejo en la Intendencia.
- Manipulación normativa: interpretaciones forzadas de las normas para justificar decisiones discrecionales.
- Opacidad y falta de control: Organismos de contralor ineficientes que no investigan ni dan respuesta a las denuncias presentadas.
- Complicidad técnica: designación de estructuras técnicas sin concursos legales que operan en sintonía con el Ejecutivo.
- Ausencia de auditorías efectivas por parte del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
- Cobertura judicial que permite el incumplimiento de normas, como las laborales, tributarias e institucionales.
la timba financiera no resolvió: sobreprecios
Bolatti recordó que, tras denunciar el «negocio financiero secreto» del municipio y ante la posterior caída de las tasas en el mercado, la gestión local modificó su estrategia. Según denunció el edil, el Ejecutivo aceleró el plan de sobreprecios en la obra pública para continuar con el vaciamiento de las arcas municipales, sin que ello se traduzca en bienes o servicios reales para los vecinos que sostienen la institución con sus impuestos.
«Los más de $10 mil millones registrados en los primeros dos años como intereses ganados por depósitos a plazo fijo -expuestos dentro de los ingresos no tributarios- dejan al descubierto la magnitud de las operaciones financieras y el abultado volumen de capital que fue destinado a ese fin», advirtió Bolatti.
En ese marco, el concejal señaló que el despliegue actual de fondos -que abarca desde la reactivación de obras abandonadas hasta proyectos presupuestados para 2026 e incluso ejecuciones no autorizadas ni previstas en el Plan de Obras- responde a un mismo esquema: acelerar los desembolsos para concretar la fuga de recursos públicos hacia «bolsillos privados».
Presupuestos duplicados y obras fuera de plan
El edil detalla una serie de obras incluidas en el Plan de Obras 2026 (ver cuadro), cuyos costos finales superaron por más del doble los montos previstos originalmente, beneficiando a empresas adjudicadas mediante contrataciones directas y sin transparencia.
Asimismo, el informe saca a la luz un grupo de proyectos que ni siquiera figuraban en la planificación oficial. «Se pagaron valores absolutamente desproporcionados que, al medirse en costo por metro cuadrado, exponen con claridad la existencia de sobreprecios», advirtió Bolatti.
La maniobra denunciada responde a un esquema sistemático: las obras se presupuestan formalmente a un valor determinado, pero al momento de la contratación se ejecutan por montos que duplican o triplican lo autorizado en el presupuesto municipal, abonando sobrecostos del 200%, 300% o más respecto a su valor real de mercado.
A criterio del concejal, este tipo de desfasajes debería activar de manera automática las observaciones de los organismos de contralor o la intervención de la fiscalía. Sin embargo, acusó que las instituciones de control «sólo intervienen para avalar o encubrir estas irregularidades».
Obras bajo la lupa: del domo al predio municipal
Entre los proyectos que no estaban previstos para el ejercicio 2026 sobresalen las llamativas intervenciones iniciadas en el parque 2 de Febrero y el Domo del Centenario en el marco de la Bienal, como así también la construcción de un kiosco a metros de la propia oficina del Intendente, en el predio central del municipio.
Según expuso el edil, todas estas ejecuciones comparten el mismo patrón: sobreprecios abonados en total impunidad.
Para comprender cómo se logró avanzar con contrataciones en estas condiciones ilegales, el informe identifica una serie de atajos administrativos y normativos diseñados para esquivar las exigencias de transparencia:
- Presupuestos sin respaldo técnico: lo fijan por metro cuadrado sin realizar el cómputo real.
- Superficies sobreestimadas: computan todo el predio aunque la intervención sea parcial.
- Fraccionamiento ilegal de obras: dividen contrataciones sin reducir proporcionalmente el presupuesto.
- Contratación directa como regla: reemplazan la licitación pública por contratos discrecionales directos.
- Base ilegal que no cierra: no hay ordenanza que adhiera al régimen provincial aplicado para evadir la licitación pública.
- Uso abusivo de excepciones: inventan emergencias y a través de facultades delegadas ilegalmente, evitan controles.
- Falta de publicidad: no publican proyectos, cómputos ni análisis de precios, tampoco las resoluciones con las que se afectan los recursos públicos y contratan.
«La contratación directa les permite elegir proveedores a dedo para acordar sobreprecios y retornos informales.
Luego, mediante el ocultamiento de información y la falta de publicidad, generan la ‘oscuridad’ necesaria para tapar las irregularidades con las que desvían los fondos públicos», concluyó Bolatti.