Las denuncias siguen siendo una deuda pendiente en la lucha contra la violencia de género. Así lo advirtió el último informe del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumala, que registró 153 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026, una cifra que equivale a una muerte violenta cada 33 horas.
El reporte también revela que solo el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, un dato que la organización considera una evidencia de las falencias en las políticas públicas de prevención, asistencia y protección.
El informe contabiliza 153 femicidios -112 directos, 13 vinculados, cinco trans/travesticidios, 14 en contextos de narcotráfico y nueve suicidios feminicidas-, pero advierte además que hubo 556 intentos de femicidio, es decir, 3,6 ataques por cada crimen consumado, una relación que refleja la magnitud de la violencia de género en el país..
El Chaco, por debajo de la media
En el caso del Chaco, el Observatorio registró tres víctimas durante los primeros siete meses del año. Dos corresponden a femicidios directos y una a un feminicidio en contexto de narcotráfico y crimen organizado. La provincia presenta una tasa de 0,5 víctimas cada 100 mil mujeres, un valor que se ubica ligeramente por debajo de la media nacional, establecida en 0,6.
El relevamiento ubica a Santiago del Estero (1,7), Catamarca (1,4), Santa Fe (1,3) y San Luis (1,1) como las jurisdicciones con las tasas más elevadas del país, mientras que el Chaco no integra ese grupo de mayor incidencia.
La casa el lugar más peligroso
Uno de los datos que vuelve a repetirse en el informe es que el ámbito doméstico sigue siendo el escenario donde ocurre la mayor parte de los asesinatos por razones de género.
Según Mumalá, el 67% de los femicidios fue cometido en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor, mientras que el 60% de los autores eran parejas, exparejas o familiares. El resto corresponde principalmente a conocidos, integrantes de bandas criminales o personas sin vínculo con las víctimas.
El informe también traza un perfil de las víctimas y de los agresores. La edad promedio de las mujeres asesinadas fue de 39 años, aunque entre los casos registrados hubo 16 niñas y adolescentes y otras 16 víctimas de 60 años o más.
Cuatro de cada diez mujeres asesinadas tenían hijos e hijas y, como consecuencia de estos crímenes, 109 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre, de los cuales al menos 50 podrían acceder a la reparación económica prevista por la Ley Brisa.
Respecto de los victimarios, la edad promedio fue de 41 años. El 32% convivía con la víctima y otro 32% intentó escapar tras cometer el crimen; de ese grupo, el 18% permanecía prófugo al cierre del relevamiento. Además, el 16% de los femicidas se suicidó y un 9% intentó hacerlo, mientras que el 10% tenía antecedentes por violencia de género y el 6% pertenecía a fuerzas de seguridad.
El relevamiento también muestra las modalidades más frecuentes utilizadas en los asesinatos. El 32% de las víctimas murió por disparos de arma de fuego, el 24% fue atacada con armas blancas, el 13% murió por asfixia y el 11% fue asesinada a golpes.
En casi dos de cada diez casos, además, los agresores intentaron ocultar el crimen mediante el entierro, el descuartizamiento o el abandono de los cuerpos en basurales, ríos o descampados.
El bajo nivel
de denuncias
Para la organización, uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento es el reducido porcentaje de mujeres que habían acudido previamente al sistema judicial o policial.
«No hay falsas denuncias, faltan denuncias y recursos para abordar la violencia machista», sostuvieron desde Mumala al difundir el informe.
De acuerdo con el reporte, solo el 9% de las víctimas había denunciado a su agresor. Entre quienes sí lo hicieron, el 75% contaba con una orden de restricción o perimetral vigente, mientras que un 12% disponía de botón antipánico.
Para el Observatorio, estos datos evidencian que las herramientas previstas por la Ley 26.485 no alcanzaron para evitar los asesinatos cuando ya existían antecedentes de violencia.
Como ejemplo, el informe recuerda que «en Santa María de Punilla, Córdoba, Maximiliano Braudaco que ya cumplía con una condena en situación condicional por violencia familiar, en un hecho contra la misma víctima, asesinó a su ex pareja Rocío Belén Gómez frente de sus 3 hijas».
emergencia nacional
Frente a este escenario, Mumala reiteró su pedido al gobierno nacional para que declare la Emergencia Nacional en Violencias de Género, con el objetivo de restituir recursos económicos y humanos destinados a la prevención, asistencia y protección de mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+.
La organización sostiene que el incremento de las violencias extremas y la insuficiencia de políticas públicas hacen necesaria una respuesta urgente del Estado para fortalecer los dispositivos de atención y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
«Frente a la vulnerabilidad extrema y el desamparo institucional, las Mumala, exigimos al gobierno nacional la urgente declaración de emergencia en violencias de género siendo fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+», aseveraron.
Desde el Observatorio remarcaron que los datos presentados corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026 y fueron elaborados a partir del monitoreo permanente de medios de comunicación, portales especializados, organizaciones territoriales y sistemas de alerta distribuidos en veinte provincias argentinas.