El olor a combustible fue lo primero que llamó la atención. Después vinieron los tornillos, visiblemente forzados, en el tanque de un Toyota Corolla que circulaba por la ruta provincial 35, a la altura de Joaquín V. González, en el sur de Salta.
Era el 14 de marzo de 2025 y personal de Gendarmería Nacional acababa de interceptar, sin saberlo todavía, el final de una cadena de decisiones que se habían tomado días antes, a los tumbos, por chat.
Cuando los gendarmes terminaron de desarmar el tanque, contaron 29 paquetes. Adentro, 19,998 kilos de cocaína, con una pureza del 72%: suficiente para producir más de 145 mil dosis.
Al volante iba Osmar Gabriel Rojas. A su lado, como acompañante, Walter Ariel Caballero. Los dos quedaron detenidos ahí mismo. Lo que no se sabía todavía era que un tercer hombre, que ni siquiera viajaba en ese auto, había participado en organizar todo el operativo, y que las pruebas para probarlo estaban guardadas en los teléfonos que Gendarmería acababa de secuestrar.
LOS MENSAJES
La investigación avanzó sobre esos cuatro celulares -dos de Rojas, dos de Caballero- porque el quinto aparato, el de Edgar Nicolás Aquino, nunca pudo ser peritado. No hizo falta. Entre los mensajes recuperados apareció un intercambio que terminaría siendo el corazón de la acusación.
El 7 de marzo, una semana antes del hallazgo, Aquino le escribió a Caballero una frase breve y directa: que se preparara, que al día siguiente viajaba. El 10 de marzo repitió la instrucción, esta vez con Rojas.
Ambos mensajes coincidían con el itinerario que después reconstruiría la fiscalía: un viaje hacia el norte de Salta, con los tres hombres alojados en habitaciones separadas en un mismo hotel de Orán entre el 11 y el 14 de marzo.
Fue recién ahí, con la droga ya acondicionada y el regreso por planificar, cuando surgió la pregunta que Caballero le hizo a Aquino pasada la medianoche del 12 de marzo: cómo iban a organizar el viaje, quién iba a ir con quién. Aquino respondió primero que él viajaría con Icardi, el apodo con el que identificaban a Rojas.
Caballero insistió y entonces llegó la frase que la fiscalía leyó ante el tribunal como prueba central del caso: al día siguiente definirían con piedra, papel o tijera quién de ellos iba a cruzar con la carga.
EL REPARTO DE ROLES
El 13 de marzo, Rojas y Caballero salieron juntos en el Toyota Corolla con la cocaína oculta en el tanque. Aquino los siguió por el mismo trayecto pero en su propio vehículo, adelantado, cumpliendo lo que la fiscalía describió como el rol de «coche puntero».
Cuando Rojas y Caballero fueron detenidos y dejaron de responder, Aquino los llamó diez veces seguidas. No hubo respuesta: ya estaban bajo custodia.
Ese patrón -cercanía en la planificación, distancia física en el momento del riesgo- fue, según el Ministerio Público Fiscal, la estrategia de Aquino para procurarse impunidad sin renunciar al control de la operación.
La fiscalía sumó como prueba registros de pagos de Aquino a sus coimputados, informes de geolocalización, antecedentes de otros viajes, inconsistencias en cruces migratorios y hasta una infracción de tránsito que lo ubicaba en la zona.
En su descargo durante el juicio, Aquino contó una historia distinta. Dijo que había sido policía en Chaco, que se había recibido como técnico superior en Seguridad Pública y que después se dedicó al comercio de productos de peluquería, cosmética y electrodomésticos, cruzando ocasionalmente a Bolivia para abastecerse. Explicó que conocía a Rojas y Caballero por esa actividad comercial y que, como mucho, les había pedido que le trajeran mercadería. Negó haber sabido algo del transporte de droga.
Lo que Aquino no mencionó como antecedente reciente fue que, en octubre de 2024, ya había sido condenado en un juicio abreviado, a 4 años y 5 meses de prisión por homicidio culposo.
La víctima fue un hombre detenido que murió en 2015, en Resistencia, tras un traslado policial. Aquino, según explicó él mismo ante el tribunal, había sido separado de la fuerza a raíz de ese episodio de violencia institucional.
LA CONDENA
El tribunal -integrado por las juezas Alejandra Cataldi y Gabriela Catalano y el juez Diego Matteucci- no le creyó la versión del comerciante ajeno al negocio.
El 29 de julio pasado condenó a Aquino a siete años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes, una calificación más severa que la aplicada a sus dos cómplices.
La defensa había cuestionado esa diferencia, pero el tribunal la rechazó por considerar que ya había sido resuelta en una etapa procesal anterior.
La condena de Aquino llegó casi un año después de la de Rojas y Caballero, sentenciados en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por la jueza Marta Liliana Snopek, del mismo tribunal.