Leonardo Nicolás Silva, de 36 años, y Antonio Omar Íñiguez, de 32, recuperaron la libertad este miércoles en el marco de la investigación por la desaparición de Axel Alejandro González, el joven cuyo paradero se desconoce desde la madrugada del 17 de mayo en Fontana. Ambos continúan vinculados al expediente como imputados por encubrimiento.
Los dos hombres se encontraban privados de su libertad desde el 8 de junio, cuando el Equipo Fiscal N°14, a cargo de Julieta Arolfo, dispuso sus prisiones preventivas y posteriormente fueron alojados en la Unidad Penitenciaria N°7. La imputación se encuadra en el delito previsto por el artículo 277 del Código Penal.
La decisión se conoció además en un momento clave del expediente: para este jueves estaba prevista una audiencia en la que debía analizarse un pedido de nulidad y de cese de la prisión preventiva planteado por la defensa. La liberación se produjo, de esta manera, un día antes de que esos cuestionamientos fueran tratados formalmente.
La situación procesal de Silva e Íñiguez había generado reclamos de sus familiares, quienes el mes pasado se concentraron frente a la Fiscalía para cuestionar las detenciones. En aquella oportunidad los calificaron como «perejiles» y sostuvieron que no existían pruebas suficientes para mantenerlos encarcelados, al tiempo que reclamaron que la investigación profundizara la reconstrucción de la presunta persecución policial previa a la desaparición de Axel.
Uno de los puntos centrales de la causa intenta determinar qué ocurrió durante los últimos minutos en los que González fue visto. De acuerdo con elementos incorporados al expediente, el joven habría corrido por el barrio Anunciación de Fontana mientras era seguido por un móvil de la Comisaría Segunda. Testimonios, registros de cámaras y datos de GPS fueron incorporados para intentar establecer el recorrido realizado aquella madrugada y qué sucedió después de que se perdiera su rastro.
La defensa de Silva e Íñiguez, encabezada por el abogado Miguel Barceló, también había cuestionado distintas medidas de prueba. Entre otros aspectos, el letrado sostuvo que pericias realizadas sobre elementos secuestrados durante los allanamientos no habían aportado resultados positivos y reclamó por las demoras en el análisis de una muestra de sangre incorporada al expediente. También señaló que a sus defendidos no les habían secuestrado teléfonos celulares.
En paralelo, la pesquisa avanzó sobre dispositivos pertenecientes a funcionarios policiales y sobre la reconstrucción de la actuación de los agentes que estuvieron en la zona aquella noche. La hipótesis de una persecución policial adquirió relevancia luego de que otro de los inicialmente investigados, Ariel Esteban Lázaro, quedara encaminado a un sobreseimiento parcial y definitivo: para la Fiscalía, los elementos reunidos respaldaron su relato y permitieron ubicarlo como testigo de esa persecución.