El senador nacional por el Chaco de La Libertad Avanza (LLA), Juan Cruz Godoy, advirtió sobre los riesgos de demorar la actualización de la legislación societaria frente a las transformaciones económicas, empresariales y tecnológicas.
Lo hizo durante una nueva reunión de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, presidida por la senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, que continuó con el tratamiento del proyecto de Ley General de Sociedades enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Durante su intervención, Godoy consultó a los especialistas sobre el impacto que las modificaciones propuestas podrían tener en el crecimiento económico, el surgimiento de nuevos emprendimientos y empresas, la generación de empleo y el bienestar de la comunidad.
En ese contexto, destacó la participación de emprendedores en el debate parlamentario y señaló que sus aportes permiten conocer las necesidades de quienes utilizan las normas que el Congreso debate y sanciona.
«Es un lujo tener emprendedores que sean usuarios de las leyes que nosotros proponemos, proyectamos y después legislamos para saber realmente qué necesitan y si son verdaderamente útiles», remarcó el senador, luego de las exposiciones de especialistas en derecho societario, funcionarios vinculados con la prevención del lavado de activos y representantes del sector tecnológico.
Godoy explicó que su planteo retomaba una pregunta formulada previamente por el senador Salino y remarcó que el análisis de una reforma debe contemplar tanto los riesgos asociados a modificar las normas como las consecuencias de mantener un marco regulatorio que requiera adecuaciones.
«Hay un riesgo asociado a cambiar la legislación que es entendible», señaló, aunque planteó que ese riesgo debe ser contrastado con el que implica postergar las modificaciones necesarias. Para el senador, la discusión legislativa debe considerar ambas alternativas al momento de evaluar la conveniencia de actualizar el régimen societario.
Asimismo, preguntó a los expositores si las adaptaciones propuestas podrían traducirse en mejores condiciones para la actividad económica y favorecer la creación de empresas y puestos de trabajo. «Mi pregunta es si estas adaptaciones, según su parecer, podrían generar crecimiento económico y […] surgimiento de nuevos emprendimientos, empresas y consecuentemente empleo y bienestar para nuestra comunidad», subrayó.
TRATAMIENTO
DEL PROYECTO
EN EL SENADO
La reunión correspondió a la segunda instancia de exposición de especialistas convocados para aportar elementos al debate parlamentario.
En esta oportunidad participaron doce expositores, organizados en tres bloques de cuatro invitados, para luego responder las preguntas formuladas por los senadores integrantes de la comisión.
Las intervenciones abordaron cuestiones vinculadas con el derecho societario, la actividad empresarial, la transparencia, la prevención del lavado de activos, la innovación tecnológica y las dificultades que enfrentan los emprendimientos en el marco normativo vigente.
Se remarca que entre los aspectos incorporados por la iniciativa se encuentra la consideración de nuevas tecnologías y herramientas vinculadas con la actividad empresarial contemporánea.
El proyecto pone el foco en la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y contempla figuras innovadoras como las Sociedades DAO, correspondientes a Organizaciones Autónomas Descentralizadas. La propuesta busca establecer un marco jurídico actualizado para el funcionamiento de distintas formas de organización empresarial, en reemplazo de una legislación que rige desde hace más de cinco décadas.
Posiciones contrastantes
Durante el primer bloque de exposiciones, Ricardo Nissen, abogado especializado en derecho comercial y societario, sostuvo que la legislación vigente requiere modificaciones, aunque manifestó su rechazo al proyecto en tratamiento. «Que hay que cambiarla seguro, pero esto no. Porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes.
Para lo único que sirve es para limitar la responsabilidad del empresario, que no responda por nada», opinó.
Por su parte, Matías Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera, presentó una valoración favorable sobre determinados aspectos del proyecto relacionados con la transparencia y la modernización del sistema societario.
El funcionario sostuvo que la propuesta mantiene los mecanismos de prevención del lavado de activos y los estándares internacionales aplicables en la materia. «Este proyecto mantiene y fortalece el sistema de prevención de lavado de activos, mantiene inalterado el cumplimiento de los estándares internacionales y brinda una oportunidad para modernizar esta legislación», afirmó.
Consecuencias operativas
de un nuevo sistema registral
Débora Çohen, abogada y ex titular de la Inspección General de Justicia, también expuso durante la reunión y señaló que encontraba diversos aspectos positivos en la propuesta, aunque formuló observaciones sobre determinados puntos.
Entre ellos mencionó la creación de un registro nacional de sociedades y las dificultades que podrían presentarse cuando existan sociedades con denominaciones iguales o similares registradas legítimamente en diferentes jurisdicciones provinciales.
La especialista planteó que el proyecto debería contemplar mecanismos específicos para resolver esa situación durante el período de transición.
Çohen explicó que la creación del registro nacional podría permitir identificar homonimias entre sociedades que actualmente funcionan en distintas jurisdicciones. «Con la creación del registro nacional de sociedades va a sacar a la luz homonimias entre sociedades, que hoy conviven legítimamente en distintas jurisdicciones provinciales, y eso el proyecto no lo está previendo como resolverlo, al menos con una cláusula transitoria», indicó.
Impulsar el desarrollo
Sebastián Heredia Querro, abogado, emprendedor tecnológico y especialista en blockchain, centró su exposición en los cambios que las nuevas tecnologías produjeron sobre la actividad empresarial.
El especialista mencionó específicamente el impacto del comercio electrónico, la Inteligencia Artificial (IA) y la tokenización, y sostuvo que las pequeñas y medianas empresas argentinas desarrollan sus actividades en un mercado global bajo normas que, según su evaluación, no reflejan plenamente las condiciones actuales.
En ese contexto afirmó que «las empresas han sido impactadas por el e-commerce, por la IA y la tokenización, a pesar de ello nuestras pymes compiten en un mercado global con leyes de otra época».
Heredia Querro también se refirió a las dificultades que enfrentan los emprendedores al momento de desarrollar sus proyectos dentro del país y comparó el marco jurídico argentino con el existente en otras jurisdicciones utilizadas por empresas tecnológicas.
El especialista sostuvo que determinados emprendedores deben trasladar sus actividades al exterior para desarrollar sus proyectos y mencionó específicamente las normas de Delaware y Silicon Valley como referencias dentro del ámbito comercial y tecnológico.
En ese marco expresó que «para cumplir sus sueños se tienen que ir del país, porque las leyes de Delaware o Silicon Valley están más cerca de la vida comercial».
En ese sentido, el especialista tecnológico remarcó el deber de incorporar nuevas normas al sistema jurídico argentino.
Heredia Querro remarcó que la falta de adecuación normativa puede continuar generando dificultades para quienes buscan desarrollar emprendimientos tecnológicos, subrayando: «Si no metemos estas normas en nuestro sistema, se nos van a seguir yendo emprendedores y es lo que tenemos que parar».
Nómina nutrida
Además de Nissen, Álvarez, Çohen y Heredia Querro, participaron como expositores Sebastián Balbín, Marcelo Gebhardt, Gabriela Calcaterra, Gabriela Boquín, Julián Fernando Benito Flores, Emiliano Kargieman, María Eugenia Marano y Fernando Pérez Hualde participaron como expositores en representación de distintas especialidades vinculadas con el derecho societario, comercial y concursal, el régimen de personas jurídicas, la protección de usuarios y consumidores, la actividad judicial, la tecnología, la criminalidad económica, el lavado de activos, la transparencia societaria y el derecho de sociedades.