La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) emitió una serie de resoluciones vinculadas con reclamos presentados por concejales de la oposición de Resistencia por dificultades para acceder a información pública municipal.
En sus pronunciamientos, el organismo recordó al Ejecutivo encabezado por el intendente Roy Nikisch la obligación de garantizar el acceso a los datos públicos, mantener disponibles los actos administrativos y responder los requerimientos formulados en ejercicio de las tareas de control.
Las actuaciones tuvieron origen en presentaciones realizadas por los concejales Fabricio Bolatti, Soledad Villagra, Lucila Masin, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez, quienes denunciaron reiteradamente la falta de respuestas del Ejecutivo a pedidos de informes y cuestionaron la ausencia de publicación de resoluciones y otros actos administrativos relacionados, entre otros aspectos, con decisiones que involucran recursos municipales.
Según informó el grupo de ediles, las resoluciones 2979, 3039 y 3070 de la FIA establecieron criterios sobre las obligaciones de los funcionarios municipales respecto del acceso a la información y sobre las herramientas de fiscalización de los integrantes del Concejo Municipal.
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento se refiere precisamente a la facultad de los concejales para solicitar información de manera individual.
De acuerdo con lo comunicado por la oposición, la FIA reconoció que cada edil puede requerir informes al Departamento Ejecutivo y obtener una respuesta formal, sin que esa atribución quede condicionada a una aprobación previa del Concejo Municipal como cuerpo.
Este punto había generado una de las principales controversias entre el oficialismo y los bloques opositores. Los concejales sostienen que existen cerca de 100 solicitudes de información pendientes y aseguran que desde el municipio se argumentaba que los requerimientos debían contar previamente con la aprobación de la mayoría del cuerpo deliberativo.
El criterio expresado por la FIA, según señalaron, diferencia el mecanismo institucional de los pedidos aprobados por el Concejo de las facultades individuales que corresponden a cada representante para ejercer tareas de fiscalización.
Publicidad de los actos de gobierno
En sus resoluciones, la fiscalía también recordó que el acceso a la información pública se desprende del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y comprende el derecho de las personas a obtener información completa, veraz y gratuita.
En ese marco, el organismo formuló una serie de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo municipal con el objetivo de ordenar los mecanismos mediante los cuales se reciben, tramitan y responden los requerimientos.
Entre ellas planteó que en los espacios municipales de atención al público se exhiba información sobre el derecho de acceso a los datos públicos y que se determine un funcionario responsable de realizar el seguimiento de los pedidos.
También recomendó establecer mecanismos que permitan acreditar la recepción y posterior entrega de la documentación, organizar y sistematizar los archivos públicos y mantener publicados y actualizados los decretos y resoluciones municipales.
La FIA notificó además al intendente sobre las actuaciones con el objetivo de que las situaciones señaladas sean regularizadas y evitar que los reclamos deban trasladarse al ámbito judicial.
Según el comunicado difundido por los concejales, el organismo recordó que la obstrucción del acceso a información pública puede constituir una falta grave y eventualmente generar responsabilidades.
Asimismo, indicó que, una vez vencidos los plazos previstos sin obtener respuesta, puede configurarse una negativa tácita que habilite las vías correspondientes para reclamar judicialmente el acceso a la documentación.
Para los ediles opositores, las resoluciones representan un respaldo institucional a una discusión que mantienen desde hace tiempo con la administración municipal.
«Los funcionarios no pueden administrar la información pública como si fuera patrimonio propio; la información pertenece a la ciudadanía», señalaron al valorar los pronunciamientos.
Los gastos cuestionados
El conflicto por el acceso a la información tiene como trasfondo una serie de cuestionamientos de los bloques opositores sobre contrataciones, obras y utilización de recursos de la Municipalidad de Resistencia.
Los concejales sostienen que precisamente necesitan acceder a la documentación administrativa para determinar las condiciones bajo las cuales se realizaron diferentes operaciones y verificar el destino de partidas presupuestarias.
Entre los puntos que incorporaron a sus presentaciones mencionaron el alquiler de maquinaria y camiones. Según los cálculos difundidos por la oposición, se habrían registrado más de 1 millón de horas contratadas con una asignación presupuestaria superior a los $44 mil millones.
Los ediles también cuestionaron los recursos destinados al pago de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores.
De acuerdo con la información presentada por el sector, más de $17 mil millones habrían sido destinados a la amortización de esas deudas, mientras que el mecanismo de «Legítimo Abono» aprobado por el oficialismo contemplaba un límite de $2.190 millones.
A estos planteos sumaron observaciones sobre presupuestos de obras públicas. La oposición asegura haber detectado diferencias de hasta un 300% respecto de valores que considera de mercado en trabajos vinculados principalmente con infraestructura vial.
También planteó dudas sobre compras efectuadas por grandes volúmenes y sobre los procedimientos utilizados para seleccionar proveedores.
Los concejales reclaman conocer los expedientes completos para determinar si las contrataciones cumplieron con los mecanismos administrativos y controles correspondientes.
Otro de los ejes señalados comprende convenios y concesiones que, según la interpretación de los denunciantes, deberían haber pasado por la ratificación del Concejo Municipal antes de comenzar a ejecutarse.
Estas observaciones forman parte de los cuestionamientos políticos realizados por la oposición y no implican, por sí mismas, que las irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas por la fiscalía.
El alcance de las resoluciones difundidas está centrado fundamentalmente en las obligaciones vinculadas con el acceso a la información y en las facultades de control de los concejales.