La pérdida de poder adquisitivo, el recorte de alimentos, el endeudamiento y la necesidad de sumar nuevas fuentes de ingresos atraviesan la situación económica de buena parte de las mujeres y personas LGBTTINB+ consultadas por el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumala y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci).
Los resultados forman parte del informe nacional «Futuro en pausa, sobreviviendo al ajuste de Milei», presentado en agosto y elaborado a partir de un relevamiento federal que buscó analizar los efectos de la situación económica después de dos años y medio de la gestión de Javier Milei.
El estudio tomó 1.538 encuestas válidas realizadas en distintas regiones del país. El trabajo de campo se desarrolló entre el 29 de mayo y el 15 de julio de este año y abordó siete dimensiones: hábitos de consumo, alimentación, trabajo y remuneración, endeudamiento, bienestar psicofísico, tareas de cuidado y percepción sobre la situación económica. El informe señala un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2%.
En términos regionales, el 65% de la muestra correspondió al Centro del país, el 15% al NOA, el 8% al NEA -integrado por el Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones-, el 7% a Cuyo y el 5% a la Patagonia. La edad promedio de quienes participaron fue de 40 años.
El ajuste llegó
a las compras básicas
Uno de los datos centrales es que el 90% de las personas consultadas aseguró haber realizado ajustes en el consumo y las compras cotidianas de su hogar.
Si bien la indumentaria encabezó los rubros recortados, el informe muestra que el deterioro también alcanzó necesidades esenciales: el 52% redujo la compra de alimentos, el 27% la de medicamentos y el 19% ajustó el uso o pago de servicios básicos como luz, agua y gas.
La pérdida de capacidad de compra aparece con todavía mayor claridad al comparar ingresos y gastos. El 88% consideró que durante los últimos seis meses pudo comprar «menos» o «mucho menos».
A la vez, el 20% señaló que sus ingresos nunca alcanzan para cubrir los gastos básicos y otro 49% dijo que solamente lo consigue «a veces». Es decir, prácticamente siete de cada diez participantes manifestaron dificultades permanentes o recurrentes para afrontar sus necesidades esenciales.
Los alimentos fueron identificados por el 62% como uno de los rubros cuyos precios resultan excesivos respecto de sus ingresos. Los medicamentos quedaron inmediatamente detrás, con el 53%.
Frente a este escenario, el 98% aseguró haber recurrido a alguna estrategia para cuidar la economía familiar. Comprar ofertas fue la respuesta más frecuente, con el 80%, mientras que el 41% comenzó a recurrir a compras mayoristas. También aparecieron la adquisición de productos usados y la eliminación de distintos gastos recreativos o personales.
El deterioro económico, además, modificó actividades que exceden el consumo estrictamente indispensable. El 85% manifestó haber dejado de realizar al menos una actividad por razones económicas.
Salir a comer con familiares o amigos encabezó las restricciones, mientras que el 49% dejó actividades culturales y el 42% redujo gastos vinculados al cuidado personal.
Menos carne y comidas que se saltean
El capítulo alimentario presenta algunos de los indicadores más críticos del relevamiento. El 87% modificó su alimentación debido a la situación económica y el 65% redujo simultáneamente la calidad y la cantidad de lo que consume.
La carne fue el alimento más afectado: el 65% afirmó haber dejado de comprarla por falta de recursos. Otro 35% redujo los lácteos y un 29%, frutas y verduras.
Pero el dato más severo aparece dentro de los hogares: el 42% señaló que algún integrante de su familia debió saltear una comida por falta de dinero. El propio estudio considera esta situación como un indicador de inseguridad alimentaria.
Más trabajos
La precarización y el pluriempleo constituyen otro de los ejes del informe. El 67% declaró recibir ingresos provenientes de algún trabajo remunerado y, dentro de esas ocupaciones, el estudio señala que el 51% corresponde a modalidades precarizadas, agrupando trabajo formal independiente e informal.
El 29% de quienes trabajan declaró tener más de una ocupación remunerada: el 22% posee dos trabajos, el 5% tres y otro 2% más de tres. Más de la mitad -56%- incorporó esas actividades durante los últimos seis meses.
Entre las alternativas aparecen ventas de ropa, alimentos o cosméticos, trabajos mediante aplicaciones de transporte, clases particulares, manejo de redes sociales y changas vinculadas con limpieza y cuidado de personas.
Además, el 25% de las encuestadas manifestó haber perdido su empleo o principal fuente de ingresos durante los últimos seis meses.
El informe diferencia especialmente la situación de quienes directamente no reciben ingresos. Ese grupo representa el 33% del total de la muestra.
Dentro de ese universo, el 55% manifestó encontrarse desempleada y otro 22% realizar exclusivamente trabajo doméstico no remunerado.
Deudas para
gastos cotidianos
El endeudamiento atraviesa a casi dos tercios de las participantes. El 63% declaró mantener alguna deuda, mientras que solamente el 34% aseguró no encontrarse endeudada.
La tarjeta de crédito bancaria fue la principal fuente, mencionada por el 49%. Le siguieron los créditos no bancarios y billeteras virtuales, con el 32%; las deudas de servicios públicos e impuestos, 25%; préstamos familiares, 24%; y créditos bancarios, 20%.
También aparecen préstamos informales barriales, deudas con casas de electrodomésticos y atrasos en alquileres.
El fenómeno no se limita, además, a una única obligación: el 59% de las personas endeudadas mantiene compromisos simultáneos con dos o más acreedores.
El peso de las tareas de cuidado
La crisis económica se superpone, según el relevamiento, con una distribución todavía desigual de las responsabilidades domésticas.
El 55% de las personas consultadas tenía a alguien económicamente a cargo y, dentro de ese grupo, el 75% sostenía a niños, niñas o adolescentes.
A su vez, el 94% afirmó realizar tareas domésticas en su hogar: el 53% dijo hacerlo siempre, el 24% frecuentemente y el 17% algunas veces. El informe recuerda que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado llegó a representar el 16,8% del Producto Bruto Interno argentino en 2022, por encima de actividades como la industria manufacturera y el comercio.
Preocupación que
afecta la salud
El informe incorporó una dimensión destinada a medir las consecuencias psicofísicas de las dificultades económicas. «Preocupada» fue la respuesta más frecuente al consultar sobre el estado de ánimo, mencionada por el 61%.
El 83% aseguró que las preocupaciones económicas afectaron su descanso o sueño. Otro 81% manifestó haber atravesado situaciones de desborde emocional con alguna regularidad y el 86% experimentó durante junio síntomas físicos asociados al estrés, entre ellos dolores de cabeza, tensión muscular e insomnio.
El deterioro también aparece cuando las participantes comparan su situación actual con la de apenas seis meses atrás. Siete de cada diez consideraron que están económicamente peor y el 89% sostuvo que la situación limita sus proyectos personales.
Las expectativas hacia adelante tampoco muestran una recuperación marcada: el 47% consideró que su situación económica empeorará, el 32% estimó que seguirá igual y solamente el 21% espera una mejora.
Para Mumala, los resultados expresan una profundización de la denominada «feminización de la pobreza», concepto con el que el informe analiza cómo las desigualdades económicas impactan particularmente sobre mujeres e identidades feminizadas.
La organización ubica ese proceso dentro del programa de ajuste y reducción del Estado impulsado por el gobierno nacional y sostiene que sus consecuencias se observan tanto en la autonomía económica como en la alimentación, el trabajo, los cuidados y la posibilidad de proyectar el futuro.