El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los once acusados en la causa que investigó una estructura de facturación apócrifa. Walter Pasko y Fernando Ayala recibieron las penas más altas como jefes y organizadores de una asociación ilícita fiscal y autores de lavado de activos. En el expediente quedaron bajo la lupa operaciones por cientos de millones de pesos y fondos vinculados a organismos públicos.
Un veredicto con once condenados y penas de hasta 10 años de prisión cerró este lunes una instancia decisiva de la denominada causa “facturas truchas”, el expediente que durante años puso bajo investigación un entramado de personas, sociedades y entidades utilizadas, según la acusación fiscal, para realizar operaciones inexistentes y mover importantes sumas de dinero.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia impuso las penas más severas a Walter Pasko y Fernando Ayala: 10 años de prisión para cada uno.
Ambos fueron considerados responsables del delito de asociación ilícita fiscal en carácter de jefes y organizadores, en concurso real con lavado de activos en calidad de autores.
La tercera condena más elevada fue para María José Reinau, quien recibió siete años de prisión como integrante de la asociación ilícita fiscal y autora de lavado de activos.
Pero el veredicto alcanzó a la totalidad de los acusados.
Diana Yael Daniel fue condenada a seis años; María Belén Reinau, a cinco años y seis meses; Edith Marisel Ayala, a cinco años; Álvaro Iván Pasko y Jorge Pasko, a cuatro años y seis meses cada uno; Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy, a cuatro años; mientras que Juana Elsa Brahim recibió una pena de tres años y seis meses.
De las facturas apócrifas a una organización
El expediente fue mucho más allá de la detección de comprobantes irregulares. La acusación buscó demostrar durante el juicio la existencia de una estructura organizada destinada a generar documentación correspondiente a operaciones inexistentes y obtener beneficios fiscales ilegítimos.
Una de las claves que permitió avanzar en la investigación fueron las denuncias realizadas por contribuyentes que detectaron facturas emitidas utilizando sus datos fiscales pese a que desconocían las operaciones.
La investigación reconstruyó posteriormente el supuesto empleo de CUIT y claves fiscales pertenecientes a terceros y la utilización de sociedades, cooperativas y fundaciones para generar comprobantes.
Al analizar esas entidades, los investigadores encontraron casos en los que la cantidad de empleados, bienes, compras y estructura disponible no guardaba relación con los servicios y montos millonarios que aparecían facturados.
La acusación fiscal sostuvo que detrás de esas operaciones funcionaba una asociación ilícita fiscal y atribuyó a Pasko y Ayala los roles centrales dentro de esa estructura.
El Tribunal terminó convalidando esa hipótesis al condenarlos como jefes y organizadores.
El capítulo de los fondos públicos
Uno de los aspectos de mayor impacto del expediente fue la aparición de operaciones relacionadas con organismos estatales y recursos destinados a programas públicos.
Entre los organismos mencionados durante la investigación apareció el entonces Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
A lo largo del proceso quedaron bajo análisis cientos de millones de pesos vinculados a agricultura familiar, economía popular, obras, viviendas e infraestructura, incluyendo recursos destinados originalmente a políticas orientadas a sectores vulnerables.
Ese capítulo convirtió al expediente en algo más que una investigación estrictamente tributaria: obligó a reconstruir el recorrido de importantes sumas de dinero y las estructuras utilizadas para facturar los supuestos servicios.
El patrimonio, otra pieza de la investigación
El segundo gran eje que derivó en las condenas más elevadas fue el lavado de activos.
La acusación sostuvo que Walter Pasko, Fernando Ayala y María José Reinau incrementaron su patrimonio durante el período investigado.
Para reconstruir ese movimiento económico se analizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, cuentas y movimientos bancarios, entre otros elementos que terminaron formando parte del debate oral.
Las defensas cuestionaron la interpretación de esas pruebas, reclamaron absoluciones y pusieron en discusión tanto la existencia de una organización criminal como la acreditación del origen ilícito de los bienes.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia tomó finalmente otra posición.
El veredicto conocido este lunes declaró responsables a los once acusados y ubicó a Pasko y Ayala en la cúspide de la estructura investigada, imponiéndoles 10 años de prisión a cada uno por asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
La sentencia marca así uno de los capítulos judiciales más importantes de una investigación que comenzó siguiendo facturas que algunos contribuyentes aseguraban jamás haber emitido y terminó exponiendo un entramado de sociedades, movimientos patrimoniales y millones de pesos, incluidos fondos vinculados con programas públicos.