El Tribunal Oral Federal de Resistencia dio a conocer ayer el veredicto del juicio oral por los delitos de asociación ilícita fiscal y lavado de activos por los que fueron condenados el contador Walter Pasko y el coordinador de movimientos sociales, Fernando Adrián Ayala, hallados penalmente culpables de las imputaciones del caso conocido mediáticamente como de la usina de las facturas truchas.
Ambos fueron considerados como jefes y organizadores de la asociación ilícita fiscal y también como autores del delito de lavado de activos y recibieron una pena de 10 años de prisión cada uno.
Se recuerda que el Ministerio Público Fiscal había solicitado que ambos fueran condenados a 16 años de prisión por los mismos delitos. La resolución fue leída por el presidente del TOF, Juan Manuel Iglesias, quien fue acompañado por las firmas de sus pares Enrique Bosch y Osvaldo Facciano.
En tanto, la pareja de Ayala y presidenta de la Fundación Brilla Mujer, María José Reinau, recibió una pena de 7 años de prisión como integrante de la asociación ilícita fiscal y por lavado de activos.
Diana Yael Daniel, pareja de Walter Pasko y ex funcionaria del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), fue condenada a 6 años de prisión como integrante de una asociación ilícita fiscal.
El resto de los condenas por integrar una asociación ilícita fiscal fueron las siguientes: María Belén Reinau: 5 años y 6 meses de prisión.
Edith Marisela Ayala: 5 años de prisión.
Álvaro Iván Pasko y Jorge Pasko: 4 años y 6 meses de prisión.
Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy: 4 años de prisión.
Juana Elsa Brahim: 3 años y 6 meses de prisión.
Con la homologación de estas penas de 10 años de reclusión para Pasko y Ayala, el fuero penal concluye una de las investigaciones económico-financieras más complejas de los últimos años en la provincia, la cual involucró una red de usinas de comprobantes truchos destinada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales de origen ilícito.
APELACIÓN
El abogado de Ayala, Pablo Vianello confirmó que la defensa prepara un recurso de casación y que aguardará los fundamentos completos de la sentencia para definir los argumentos de la presentación.
Al mismo tiempo, anticipó que volverá a solicitar la prisión domiciliaria de su cliente, quien permanece detenido desde 2025.
El abogado – publicó Alerta Urbana – sostuvo que los motivos utilizados anteriormente para rechazar ese pedido estaban relacionados con posibles peligros procesales, como el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. A su entender, el escenario cambió luego de la sentencia, aunque todavía no esté firme: «Hoy hay una condena que, si bien no está firme, claramente esos peligros procesales ya no existen».
La defensa espera ahora los fundamentos del tribunal para avanzar con la apelación y volver a plantear la situación de Ayala ante la Justicia