El fiscal federal Patricio Sabadini emitió un dictamen desfavorable ante la solicitud presentada por el abogado de los empleados de Exen Gym, que buscaba constituir un fideicomiso de administración transitoria para reactivar tres sedes de la cadena y preservar sus puestos laborales.
Entre sus argumentos, el Ministerio Público Fiscal advirtió que la maniobra resulta jurídicamente inviable y pondría en riesgo la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La presentación judicial fue realizada por la defensa de los empleados en el marco del incidente de medida cautelar, donde se adjuntó un plan operativo final para reactivar de manera administrada las sucursales ubicadas en las calles Illia, Santiago del Estero y Las Heras.
Según los peticionantes, la creación de un fideicomiso permitiría conservar el valor de los bienes cautelados y generar ingresos para mantener las fuentes de trabajo sin alterar la situación jurídica del expediente. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que dicho formato contractual implica por definición la transmisión de la propiedad de los bienes, lo cual colisiona con las medidas precautorias dictadas sobre el entramado societario investigado.
Entre los fundamentos centrales del rechazo, Sabadini remarcó que las firmas que integran la cadena —como Exen Gym S.R.L. y otras sociedades afines— fueron constituidas e instrumentadas para canalizar e insertar en el mercado formal millonarios flujos de dinero de origen ilícito.
De este modo, la fiscalía alertó que autorizar la explotación comercial de activos que constituyen el objeto del delito investigado significaría avalar la continuidad de la maniobra delictiva en el tiempo.
Asimismo, recordó que el Ministerio Público ya solicitó formalmente la suspensión temporal de las actividades comerciales y de la personería jurídica de dichas razones sociales.
Por último, el dictamen judicial al que accedió NG Federal, expuso severas inconsistencias en la conformación de la figura propuesta por los trabajadores. Por un lado, se pretendía que las propias empresas investigadas actuaran como fiduciantes disponiendo de los bienes, a pesar de estar sujetas a la acción penal.
Por otro lado, la propuesta designaba como fiduciario a Juan Martín Castillo Cassiet —designación justificada por su conocimiento de la operatoria interna—, lo que fue calificado por el fiscal como una seria irregularidad: encomendar la gestión de activos embargados a una persona que ya integraba el circuito administrativo bajo sospecha resulta inaceptable e inconveniente para la causa.
Por estas razones, Sabadini concluyó solicitando a la jueza federal interviniente que no haga lugar a la medida cautelar.
FALLO COMPLETO DEL FISCAL