Este lunes comenzó el juicio contra diez policías acusados por la golpiza a jóvenes de la comunidad qom en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana. Ocurrió en la madrugada del 31 de mayo de 2020 y fue uno de los casos de violencia institucional con más repercusión en el Chaco.
El debate se hace en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. El tribunal lo integran Dolly Fernández, como presidenta, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. La acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos.
Las próximas audiencias serán el 13, 14 y 15 de octubre desde las 8. Para las audiencias rige un acceso restringido para la prensa: solo se permite tomar imágenes en los minutos previos al inicio de cada audiencia.
EL HECHO
Según la acusación, cerca de las 4.30 un grupo de efectivos entró a la casa sin orden judicial y golpeó a varios jóvenes de la familia, entre ellos una adolescente. En ese momento, la versión policial era que buscaban a personas que supuestamente habían apedreado una dependencia policial.
Cuatro jóvenes fueron detenidos y llevados a la comisaría. Las víctimas denunciaron que allí siguieron los golpes y hubo insultos racistas. También dijeron que los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego. En la casa había además dos chicos pequeños.
Los videos de la golpiza se difundieron en redes sociales y causaron conmoción en todo el país. En junio de 2020, la Fiscalía de Derechos Humanos imputó y ordenó detener a cuatro efectivos. Semanas después, el jefe de la Policía, Fernando Romero, y el subjefe, Ángel Domínguez, renunciaron. Lo hicieron después de que el Gobierno provincial decidiera que los uniformados acusados no volvieran a prestar servicio.
Las imputaciones
A Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Diana González se los acusa de vejaciones agravadas. Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
La situación más comprometida es la de Cristian Eduardo Foschiatti. Se le imputan allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todos delitos cometidos como funcionario público.
Sebastián Alberto Vallejos está acusado de vejaciones y falsedad ideológica agravada. Claudia Beatriz Lucena está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
Una sola querella por el Estado
En la primera jornada se unificó la querella del Estado. Quedó a cargo del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco (Comité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), representado por Guillermo Cuellar. La Subsecretaría de Derechos Humanos y Género, con Maximiliano Almirón, también seguirá en la causa. Después se leyó el requerimiento de elevación a juicio.
A las víctimas las representa la defensora oficial N° 14, Karina Paz. También participa una traductora intérprete. Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae. La representa su directora ejecutiva, Mariela Belski, con el patrocinio de Farid Iván Antúnez Percíncula.
Las defensas están a cargo de la defensora oficial N° 7, Estefanía Argarate, y de los abogados particulares Justo Orlando Mencia, Ricardo Ariel Osuna, Pablo Vianello, Lucas Santa Cruz, Leandro Fioravanti y Sebastián Quintana.