Comenzó ayer en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia el juicio contra diez policías acusados por la golpiza a jóvenes de una familia de la comunidad qom ocurrida en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana, durante la madrugada del 31 de mayo de 2020.
El caso adquirió amplia repercusión pública a partir de la difusión de videos registrados durante el episodio y constituye uno de los procesos judiciales derivados de una denuncia por violencia institucional con mayor impacto en el Chaco.
El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por Dolly Fernández, quien ejerce la presidencia, junto con Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. La acusación se encuentra a cargo del fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, quien interviene en representación del Ministerio Público Fiscal.
Las próximas audiencias fueron fijadas para los 13, 14 y 15 próximos, desde las 8, mientras que el acceso de la prensa permanece restringido y solo se permite la toma de imágenes durante los minutos previos al comienzo de cada jornada.
El proceso tiene como eje los hechos denunciados por integrantes de una familia Qom durante el procedimiento policial realizado en la vivienda ubicada en el barrio Banderas Argentinas.
De acuerdo con la acusación, el ingreso de los efectivos se produjo cerca de las 4.30, sin una orden judicial, y durante el operativo varios jóvenes fueron golpeados, entre ellos una adolescente. En ese momento, la versión policial sostenía que los agentes buscaban a personas que presuntamente habían arrojado piedras contra una dependencia policial.
EL PROCEDIMIENTO
Y LAS DENUNCIAS
Según consta en la acusación, cuatro jóvenes fueron detenidos durante el procedimiento y trasladados a una comisaría. Las víctimas denunciaron que las agresiones continuaron en ese lugar y señalaron además la existencia de insultos de carácter racista.
También afirmaron que fueron rociados con alcohol y amenazados con ser prendidos fuego. En la vivienda permanecían además dos niños pequeños al momento del operativo, de acuerdo con los elementos incorporados al expediente.
Las imágenes registradas durante la golpiza fueron posteriormente difundidas a través de redes sociales y generaron repercusión a nivel nacional. En junio de 2020, la Fiscalía de Derechos Humanos imputó y ordenó detener a cuatro efectivos policiales en el marco de la investigación.
Semanas más tarde presentaron sus renuncias el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y el subjefe, Ángel Domínguez, después de que el Gobierno provincial resolviera que los uniformados acusados no regresaran a prestar servicio.
Las acusaciones formuladas contra los diez policías comprenden distintos delitos según la participación atribuida a cada uno.
Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Diana González están acusados de vejaciones agravadas. Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera enfrentan cargos por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas, de acuerdo con la imputación que forma parte del proceso judicial iniciado este lunes.
Las imputaciones y las partes
La situación procesal de Cristian Eduardo Foschiatti comprende cuatro acusaciones. Se le imputan los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todos atribuidos en carácter de funcionario público.
Sebastián Alberto Vallejos está acusado de vejaciones y falsedad ideológica agravada, mientras que Claudia Beatriz Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal, conforme a las imputaciones incluidas en el expediente.
Durante la primera jornada también se resolvió la unificación de la querella correspondiente al Estado. La representación quedó a cargo del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, cuyo nombre institucional completo es Comité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El organismo está representado en el proceso por Guillermo Cuellar, mientras que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Género continuará interviniendo a través de Maximiliano Almirón.
Luego de la definición sobre la representación estatal, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio, documento mediante el cual la investigación fue formalmente elevada a la instancia de debate oral.
Las víctimas son representadas por la defensora oficial 14, Karina Paz, y en el proceso también participa una traductora intérprete. Amnistía Internacional Argentina interviene como amicus curiae, con la representación de su directora ejecutiva, Mariela Belski, y el patrocinio de Farid Iván Antúnez Percíncula.
La continuidad del juicio
Las defensas de los policías acusados están a cargo de la defensora oficial 7, Estefanía Argarate, y de los abogados particulares Justo Orlando Mencia, Ricardo Ariel Osuna, Pablo Vianello, Lucas Santa Cruz, Leandro Fioravanti y Sebastián Quintana.
La intervención de los distintos representantes forma parte de la estructura procesal del juicio iniciado este lunes ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.
El debate continuará el 13, 14 y 15 próximos, desde las 8, de acuerdo con el cronograma establecido para las próximas audiencias. La cobertura periodística estará sujeta a las condiciones fijadas para el proceso, que establecen un acceso restringido para la prensa y autorizan únicamente la toma de imágenes durante los minutos previos al inicio de cada audiencia.
El juicio reúne las actuaciones vinculadas con el procedimiento policial realizado en Fontana el 31 de mayo de 2020, las denuncias formuladas por las víctimas, las imputaciones contra diez efectivos y las intervenciones de las distintas partes que participan del proceso.
El tribunal deberá desarrollar el debate a partir de las acusaciones incorporadas al expediente y de las actuaciones correspondientes a la causa, mientras las partes ejercerán las funciones procesales que les fueron asignadas.