Dos víctimas con discapacidad, dos golpizas policiales registradas en video y un nombre que se repite.
El policía que quedó recientemente imputado por su presunta responsabilidad en el violento operativo que terminó con un hombre con padecimientos de salud mental reducido y golpeado en Villa Ángela, ya afrontaba otra investigación penal por una agresión contra una persona con discapacidad física, hace apenas un año atrás.
Se trata del oficial subayudante Juan Pablo Q., quien estaba a cargo del procedimiento realizado el pasado 1 de septiembre en Villa Ángela y fue imputado por encubrimiento en concurso real con privación ilegítima de la libertad por abuso funcional.
Sus subordinados, Pedro Alejandro P. y Germán Augusto D., fueron acusados como presuntos autores de apremios ilegales cometidos con violencia.
Pero esa no es la única causa penal que involucra al uniformado. Según pudo confirmar el portal judicial Litigio, está próxima a ser elevada a juicio oral otra investigación en la que Q. está acusado de haber golpeado a un joven con discapacidad el 7 de septiembre de 2025, en Villa Berthet.
En ese expediente también está imputado el agente Miguel Ángel M. y ambos fueron acusados por el delito de lesiones leves.
La causa tramita ante la Fiscalía de Investigación Penal 1 de Villa Ángela, a cargo de Gisela Oñuk, y se encuentra en una etapa avanzada, a la espera de la elevación a juicio.
DOS INVESTIGACIONES
Los dos hechos son distintos y ocurrieron en localidades diferentes y años diferentes, pero tienen tres elementos en común: en ambos aparece involucrado Q.; las víctimas son personas con discapacidad, con una situación de especial vulnerabilidad, y en las dos agresiones hubo videos que pudieron registrar lo ocurrido.
En el expediente por el hecho ocurrido en Villa Berthet, la investigación comenzó luego de que se viralizara un video registrado a través de un celular de un vecino en el que se observa la agresión contra un joven (20) con una discapacidad en su pierna derecha. El episodio ocurrió durante la madrugada del 7 de septiembre de 2025.
De acuerdo con la denuncia, la víctima se dirigía hacia un local bailable cuando fue interceptada y trasladada hasta las inmediaciones de una vivienda, donde habría sido golpeada. Uno de los agresores habría manifestado ser policía y lo habría amenazado para que no denunciara lo ocurrido.
Un examen médico forense constató que el joven sufrió lesiones de carácter leve, con un tiempo de incapacidad inferior a 30 días.
Q. y M. fueron citados a declarar en calidad de imputados y ambos se abstuvieron de hacerlo.
La causa quedó encuadrada como «lesiones leves» debido a que, según se estableció en ese momento, los policías se encontraban de licencia y de civil al momento del hecho.
También por este motivo el expediente quedó radicado en una fiscalía ordinaria y no en la de Derechos Humanos, dedicada a investigar casos de violencia policial.
En paralelo, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco había dispuesto la suspensión preventiva de ambos efectivos, sin goce de haberes, mientras avanzaba la investigación administrativa.
El otro expediente
Mientras esa investigación avanzaba, Q. volvió a quedar involucrado en otro expediente por un episodio de violencia contra otra persona que también padece una discapacidad, en este caso, cognitiva.
El pasado 1 de septiembre, el oficial (reincorporado en sus funciones tras la anterior suspensión preventiva) estuvo a cargo del operativo realizado en inmediaciones de calle Leopoldo Lugones y avenida Lorenzo Cobello, en Villa Ángela.
Allí, dos policías redujeron a un hombre con padecimientos de salud mental y lo golpearon, en una secuencia que quedó registrada gracias a una cámara de videovigilancia de un vecino y posteriormente se viralizó.
Las imágenes muestran a uno de los efectivos golpeando al hombre en el pecho y luego reduciéndolo contra el suelo.
Cuando la víctima ya estaba inmovilizada, el otro policía le propina una patada en la cabeza.
En otro momento de la secuencia se observa que desde el interior del patrullero una persona entrega unas esposas a uno de los agentes que mantenía reducida a la víctima.
Según la hipótesis de la fiscalía, quien entregó las esposas fue Q., que permanecía dentro del móvil y era el jefe del operativo.
Por ese episodio, la Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos de Sáenz Peña, a cargo de Silvia Sluzar, imputó a Q. por encubrimiento en concurso real con privación ilegítima de la libertad por abuso funcional. P. y D., en tanto, fueron imputados por apremios ilegales cometidos con violencia. Los tres policías se abstuvieron de declarar.
La víctima permanece internada en el área de Salud Mental del hospital Perrando y un examen realizado por médicos forenses determinó que, por el momento, no se encuentra en condiciones de prestar declaración.
La fiscalía incorporó como elementos de prueba los videos del procedimiento, testimonios, informes técnicos, relevamientos de cámaras de seguridad y documentación médica. El caso derivó, además, en un sumario administrativo dentro de la Policía del Chaco.
Así, mientras una de las investigaciones contra Q. avanza hacia una eventual instancia de juicio oral por la agresión a un joven con discapacidad en Villa Berthet, el policía enfrenta ahora una segunda causa penal vinculada con otro episodio de violencia contra una persona en situación de vulnerabilidad. Más que una coincidencia.