El diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, en declaraciones a LA VOZ DEL CHACO, defendió la continuidad del DNU 70/23 y sostuvo que el decreto constituye una herramienta central para modificar la estructura económica argentina, reducir las regulaciones y eliminar obstáculos burocráticos que restringen la producción, la inversión y el trabajo.
El legislador advirtió que la discusión legislativa sobre la norma excede el tratamiento de una disposición puntual y comprende la orientación general de las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.
DOS MODELOS
En ese sentido, remarcó que la continuidad del decreto resulta un deber para sostener el proceso de transformación promovido por el Gobierno nacional, subrayando que el debate en torno al DNU 70/23 es una discusión entre dos modelos de país, diferenciados por el papel que asignan al Estado y al sector privado en la actividad económica.
Por un lado, ubicó el esquema basado en la multiplicación de regulaciones e intervenciones; por otro, el enfoque orientado a ampliar la libertad económica, favorecer las fuerzas productivas y recuperar la estabilidad.
Desde esa perspectiva, defendió la reducción de restricciones como una condición para que empresas, trabajadores e inversores puedan desarrollar sus actividades dentro de un marco normativo que considere más favorable para la iniciativa privada.
El papel de los dialoguistas
Almirón atribuyó una responsabilidad institucional relevante a los bloques dialoguistas en el tratamiento legislativo del DNU 70/23 y consideró que su participación resultó determinante para sostener las reformas promovidas por el Gobierno nacional.
El Diputado planteó que la construcción de acuerdos parlamentarios debe orientarse a garantizar la continuidad de las transformaciones económicas, mediante consensos sobre objetivos concretos y decisiones que permitan avanzar en la modernización del país.
En ese sentido, diferenció los acuerdos destinados a resolver cuestiones de fondo de aquellos que podrían terminar preservando estructuras y beneficios vinculados con el modelo económico anterior.
El legislador reconoció al diálogo como una herramienta indispensable para el funcionamiento democrático, aunque advirtió que la búsqueda de consensos debe mantener una relación directa con las convicciones políticas y los compromisos asumidos ante la sociedad.
En ese sentido, subrayó que negociar en el Congreso implica escuchar argumentos, evaluar alternativas y construir mayorías, pero también sostener una orientación económica definida.
} Transformaciones
El diputado nacional sostuvo que el contenido del decreto debe evaluarse a partir de sus objetivos, sus alcances y las consecuencias que podría generar una eventual reversión de sus disposiciones.
Frente a los bloques parlamentarios que promueven su rechazo, reclamó una discusión basada en argumentos y desarrollada dentro de las instituciones democráticas.
En ese marco, señaló que la Argentina necesita reglas claras, responsabilidad fiscal, libertad económica y seguridad jurídica, elementos que identificó como componentes fundamentales para sostener las transformaciones impulsadas por la administración de Javier Milei.
El legislador remarcó que La Libertad Avanza trabajará por impedir que el Congreso restablezca regulaciones y mecanismos de intervención perjudiciales para el funcionamiento de la economía.
En esa línea, apuntó contra la reconstrucción legislativa de un sistema que favoreció privilegios y obstáculos al desarrollo.
} Desarrollo
Almirón advirtió que un eventual rechazo del DNU 70/23 habría tenido consecuencias con impacto directo en las dimensiones económica, jurídica e institucional del país.
El Diputado señaló que revertir reformas que modifican el funcionamiento de los mercados puede generar incertidumbre y afectar las decisiones de inversión, además de obligar a empresas y ciudadanos a revisar sus planes.
En el plano económico, el legislador enfatizó que la previsibilidad exige reglas estables para quienes producen, invierten y trabajan.
En ese sentido, remarcó que la modificación o eliminación de disposiciones que regulan distintas actividades puede alterar las condiciones bajo las cuales se toman decisiones empresariales y financieras.
SEGURIDAD JURÍDICA
La relación entre seguridad jurídica e inversión también ocupó un lugar central en los argumentos del legislador.
Almirón consideró que quienes destinan recursos a una actividad productiva necesitan conocer las condiciones regulatorias bajo las cuales desarrollarán sus proyectos y contar con referencias normativas que permitan evaluar sus perspectivas.
En ese marco, advirtió que la incertidumbre sobre la vigencia de las disposiciones puede incidir en las decisiones de inversión y en la planificación empresarial.
ESTABILIDAD NORMATIVA
El Diputado también se refirió a la estabilidad normativa que deber garantizar el funcionamiento de las instituciones y la responsabilidad de los poderes del Estado.
En ese marco, remarcó que las decisiones sobre el DNU 70/23 deben tramitarse mediante los procedimientos constitucionales y legislativos correspondientes, con consideración de los efectos que puedan producir sobre el ordenamiento jurídico.