El gobernador Jorge Capitanich participó ayer en Buenos Aires de una nueva reunión de la liga que nuclea a mandatarios provinciales, marco en el cual ese espacio confeccionó un documento dirigido al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, en el que ratifican el pedido de federalización del presupuesto 2023, contemplando subsidios al transporte público y a las tarifas energéticas diferenciales, obras públicas, un plan para transformar planes sociales en empleo, y desarrollo productivo, entre otras cuestiones.
Reunidos en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los jefes territoriales ratificaron «la necesidad de contar con el consenso necesario a los efectos de propiciar la sanción de la ley del presupuesto 2023, herramienta fundamental para la planificación financiera del sector público».
«Es preciso lograr una participación activa de todas las y los legisladores nacionales en un modelo de consenso para lograr definitivamente que el presupuesto 2023 no sea fruto de disputas parciales, sino de un consenso institucional en el que las diferencias particulares no impidan al Poder Ejecutivo contar con una herramienta indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos y argentinas», enfatizaron.
Al mismo tiempo, plantearon como crucial «respetar las autonomías provinciales en el marco de nuestro sistema representativo, republicano y federal respecto a las decisiones de carácter institucional en cada una de nuestras jurisdicciones evitando injerencias externas que pretenden condicionar el desenvolvimiento de las instituciones».
De manera presencial participaron junto a Capitanich Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja); el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez (en representación del gobernador Gildo Insfrán) y el legislador de Tierra del Fuego Federico Greve; mientras que vía videoconferencia se sumaron los gobernadores Gerardo Zamora (de Santiago del Estero) y Raúl Jalil (de Catamarca); y el vice de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder.
Además, sumaron previamente sus firmas los gobernadores Gustavo Bordet (de Entre Ríos), Arabela Carreras (de Río Negro), Omar Perotti (de Santa Fe), Gustavo Melella (de Tierra del Fuego), Omar Gutiérrez (de Neuquén), Gustavo Sáenz (de Salta), Oscar Herrera Ahuad (de Misiones), Osvaldo Jaldo (de Tucumán)y Sergio Uñac (de San Juan).
Una agenda
de diez puntos
Específicamente, los líderes provinciales solicitaron el tratamiento equitativo de los subsidios en el transporte público de pasajeros; y el sostenimiento del plan de obras públicas y de financiamiento del plan de viviendas con el objeto de garantizar el crecimiento de la economía argentina.
Además, solicitaron a Manzur «garantizar un tratamiento diferencial del subsidio energético teniendo en cuenta la segmentación por el consumo de energía/mes en base a la temperatura promedio de las provincias.
Plantearon también la necesidad de «redistribuir los recursos no imprescindibles -financiamiento de gastos electorales-a los efectos de promover más transferencias directas para el desarrollo productivo y social» y de «generar las condiciones necesarias para reducir la inflación, recuperar el poder adquisitivo del salario y movilizar los factores productivos con el objeto de generar mayor velocidad en la creación de empleos».
Otro de los requerimientos fue el de la promoción de un fondo específico «para transformar los planes sociales en empleos dignos a los efectos de estimular la base productiva de nuestras provincias mediante capacitación permanente y subsidios directos para facilitar empleos de buena calidad».
Los gobernadores también propusieron el desarrollo de una estrategia «para que las zonas francas, los sistemas de transferencias de cargas junto a la consolidación de puertos secos, parques industriales y una logística integrada de base competitiva nos permitan incentivar las inversiones y las exportaciones de nuestras provincias».
Asimismo, en el documento, expresaron la necesidad de «generar las condiciones necesarias y suficientes para asegurar una expansión de las inversiones productivas como base indispensable para el progreso de nuestras comunidades».
Por otra parte, insistieron en el establecimiento de un sistema de financiamiento explícito para las cajas o sistemas previsionales no transferidos por las provincias a la Nación determinando una garantía anual en el presupuesto. Por último, plantearon la urgencia de «estimular el desarrollo de la economía del conocimiento como así también el cumplimiento de la meta fijada del 1,02% del PBI (Producto Bruto Interno) en forma progresiva para el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación productiva».