Los inquilinos que tengan que renovar sus contratos de alquiler en octubre deberán hacerlo con un incremento del 67,31%, de acuerdo a lo establecido por el Índice Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde julio de 2020, cuando entró en vigencia la norma, las actualizaciones promediaban entre el 30% y el 35%, pero en los últimos meses los porcentajes se dispararon.
Aunque este aumento, que se verá reflejado en octubre, está por debajo de la inflación interanual (calculada en agosto en 78,5% según el Indec), el costo de los alquileres estará en niveles muy elevados y superará proporcionalmente las mejoras de los salarios que pueden lograr los trabajadores y trabajadoras.
En este sentido, Matías Sironi, presidente de la Cámara de Corredores de Inmobiliarios del Chaco, en declaraciones a radio Facundo Quiroga reconoció que la inflación «está destruyendo el salario y el poder adquisitivo de todas las personas, lo vemos como el tema de mayor preocupación para el mercado inmobiliario, y también para el resto de los rubros».
Tras lo cual, recordó que para «el Noreste Argentino el último IPC (Índice de Precios al Consumidor) fue del 7,6% de aumento para el NEA, y lleva una inflación acumulada del 79% interanual, y un acumulado de este año del 56% es extremadamente preocupante, y por supuesto que repercute en la posibilidad de acceder a las locaciones o compraventa de viviendas».
El referente recordó que «el Índice de Contrato de Locación que se debe aplicar en contratos firmados en octubre del año pasado van a subir un 67,30%, pero esto es el producto de un promedio del índice de precios al consumidor y del salario, y es un índice solicitado por las asociaciones de inquilinos que entendían que era la mejor ecuación para equilibrar el valor de la actividad».
En este sentido, Sironi recordó que «desde el sector inmobiliario, previo a la sanción de esta ley, tratamos de brindar toda nuestra experiencia y asesoramiento profesional a legisladores, y advertimos que realmente no veíamos que esto no era una solución para las partes porque no contempla los grandes problemas que tiene nuestro país, principalmente inflación e inseguridad jurídica, claramente no trajo ninguna solución ni para inquilinos ni para propietarios».
Al tiempo que comentó: «Vemos con visto bueno está nueva medida de tratar de acercar capitales para destinarlos al rubro inmobiliario, el nuevo blanqueo del que se está hablando (ver cuadro aparte), y vemos que despierta interés, y si bien creemos que puede ser un puntapié inicial, claramente queda mucho por hacer».
No obstante, al volver al tema de la Ley de Alquileres afirmó: «Claramente la solución que se ha pretendido brindar no fue tal», y es por esto que el corredor indicó: «Lo peor es la situación en la que estamos, porque era una medida que no tenía acuerdo de ninguno de los sectores, se implementó, luego se suspendió por decreto de necesidad y urgencia en la pandemia. Después se efectivizó la medida, pero al tiempo cuando vieron los resultados que estaba teniendo piensan en suspender nuevamente, pero no se suspende, no sabemos cuándo se va a continuar tratando, es una incertidumbre total y creo que es lo peor que le puede pasar al mercado».
«Con estos índices inflacionarios y la poca proyección de que se amplíe la oferta habitacional es lo que realmente preocupa y lo que debería ocuparse cualquier gobierno», aportó.
La ley de alquileres
En abril de este año, la Ley de Alquileres, vigente desde junio de 2020, volvió a ser tema de debate en el Congreso. Después de un mes de sesiones informativas, con más de 130 oradores, se emitieron tres dictámenes en la Comisión de Legislación General como síntesis de los más de 20 proyectos de reforma presentados.
El dictamen de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, refrenda la ley vigente y mantiene los puntos centrales de la norma, los más cuestionados: el plazo de tres años de contrato y la actualización anual del alquiler regida por el índice del Banco Central, que toma la evolución de los salarios y de la inflación por partes iguales.
El dictamen de minoría, respaldado por Juntos por el Cambio, no propone derogar la norma, pero desanda su corazón: vuelve al plazo de contrato de dos años y a la «negociación libre» del precio entre las partes.
Ninguno llegó a ser tratado en sesión porque la discusión se congeló, pero la puesta en duda del marco normativo vigente alcanzó para retraer más a los propietarios, que buscan evitar cerrar contratos con los términos actuales.
Según informó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su reciente informe en el Congreso, en las 24 jurisdicciones del país hay apenas 195.818 contratos registrados ante la Afip, un trámite que se exige desde la sanción de la nueva ley.
El número representa el 6,5% de la cantidad de viviendas en alquiler que se estima que hay en todo el país, 3 millones.
En Santiago del Estero, por ejemplo, los contratos inscriptos apenas superan los 200; en Catamarca y La Rioja no llegan a los 500. Mientras que, en el Chaco, los contratos registrados son 1.664.