Este miércoles se conoció la exoneración del cargo de cuatro agentes policiales del Chaco (cuatro comisarios y un integrante de mesa informatizada), todos imputados tras verse involucrados en una red de venta de vehículos judicializados. El modus operandi habría sido falsificar los documentos para apoderarse de los vehículos, que luego se entregaban a los policías.
A través del Decreto 2528/2022, el gobernador Jorge Capitanich dispuso aplicar la «sanción expulsiva de cesantía» a la comisaria mayor Irma Beatriz Insaurralde (jefa de Departamento Policía Científica), al comisario mayor Gustavo Ricardo Ortiz (jefe de Seccional Segunda), al comisario principal Rubén Antonio Valenzuela (jefe de la División Criminalística) y al subcomisario de Policía José Antonio Ricail (División Criminalística Metropolitana). Además, se procedió también a la detención del subcomisario Hugo Alejandro Muñoz, que cumplía funciones en la División Verificaciones de la Policía de Chaco.
“Es una causa que tiene un par de años. Se iniciaron en 2020 varios allanamientos, en el marco de distintas causas; todas del Registro de Investigaciones Penales 14, y que siguen siendo investigadas. Son delitos que se imputan a funcionarios policiales, judiciales y ciudadanos”, explicó Ricardo Urturi, director general del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, esta mañana en declaraciones radiales.
La investigación que lleva adelante el organismo tiene carácter administrativo, es decir, es totalmente independiente de lo que se investiga en sede penal. De hecho, según especificó Urturi “esto aún continúa, no se ha realizado el debate para su posterior elevación a juicio, pero el año pasado elevamos el pedido de cesantía de estos cuatro funcionarios y otros -más de 14- sancionados por la Jefatura de la Policía del Chaco”. Respecto a esto último, el titular contó que “desde principio de año hay suspensiones de empleo y, otros, por arresto (aquellos que tenían mayor gravedad de sus imputaciones)”.
Para expulsar a un empleado de la administración pública, en este caso un agente policial, se requiere un Decreto del Poder Ejecutivo; mientras que todas las sanciones que están por debajo de ella sí son competencia de la Jefatura o del Ministerio de Seguridad provincial. El titular del organismo valoró, de esta manera, el Decreto suscrito por el gobernador “para cesantear a Policías, sin prejuicio de que aún no se han realizado los juicios porque esto nada tiene que ver con la responsabilidad disciplinaria que les cabe como funcionarios policiales”.
Asimismo, explicó que se trata de una medida de carácter administrativa donde tiene injerencia, justamente, el Estado provincial, a través de los decretos de necesidad y urgencia que fueron avalados por la Jefatura de la Policía y por el Ministerio de Seguridad, de acuerdo a lo manifestado por el director del OCI en Radio Facundo Quiroga.
Sin embargo, recordó que “solo el Poder Judicial puede definir la situación de cada agente”, y que a la fecha no hay siquiera elevación de causa a juicio para quienes se encuentran ya imputados. Además, recordó que, si bien “varios salieron absueltos, eso no tiene impedimento contra la sanción de cesantía” al tratarse de funcionarios públicos.
Detalles del hecho
Respecto a la expulsión de los últimos 4 efectivos policiales imputados en la causa de venta de vehículos judicializados, Urturi explicó que “eran vehículos robados que se encontraban judicializados y no se podían vender ya que, al intentar hacerlo, se requiere de la verificación vehicular”; por lo que -continuó- se investiga ya de forma penal si “los autos eran entregados como depositario y si eran utilizados como desguace, como autopartes”.
“Sí quedaron acreditadas las faltas disciplinarias por inobservancias a los reglamentos de operancia, a valerse de personas para tener ventajas, a transmitir informes a personas ajenas a la institución”, remarcó y sentenció: “Son cuestiones que van más allá de la comisión de un delito, solo el Poder judicial puede definir, y siquiera hay elevación de causa a juicio”. Asimismo, el titular del organismo valoró la labor del Ejecutivo “el Estado va saneando esto -más allá de que sean resueltos por la Justicia- porque estas cuestiones administrativas (cesantía) son totalmente válidas”.
El decreto
El decreto firmado por el gobernador y por la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, indica que las actuaciones administrativas se iniciaron a raíz de la causa judicial caratulada: “Utilización del Instrumento Público Falso y Estafa Agravada en perjuicio de la Administración Pública, en Concurso Real, Artículos 296, 174 inc. 5) en concordancia con el último párrafo del mismo-, en función con el Articulo 55 todos del Código Penal”, Expediente 18500/2020-1”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal 14.
Esa causa judicial –repasa el texto- tuvo su origen el 21 de agosto de 2020, con la toma de conocimiento, del diligenciamiento del 5 de junio de 2020 del Oficio 186/2020 del Juzgado de Garantías 3, por parte del personal de la División Sustracción de Automotores dependiente del Departamento Investigaciones; mediante el cual se dispuso el allanamiento del domicilio del cabo de Policía Pablo Walter Vargas, a efectos de proceder al secuestro de una motocicleta marca Yamaha Modelo YBR 125 cilindradas, azul, y la aprehensión del mencionado agente policial de la Comisaría de El Sauzalito.
Asimismo, se indica que “de las copias digitalizadas extraídas de la causa penal, aparecen conversaciones entre el subcomisario Ricail y el empleado judicial Sergio Domínguez a través de WhatsApp”. Días después, el 28 de agosto de 2020, personal de la Policía Federal Argentina –Delitos Federales y Complejos procedió a la aprehensión del subcomisario Ricail, con prestación de Servicios en la División Criminalística Metropolitana por la presunta comisión del delito de “Utilización del Instrumento Público Falso y Estafa Agravada en perjuicio de la Administración Pública, en Concurso Real, Artículos 296, 174 inc. 5) en concordancia con el último párrafo del mismo-, en función con el Articulo 55 todos del Código Penal”, notificando la suspensión preventiva de funciones con retención de haberes, y permaneciendo alojado en la División Bomberos Metropolitana. Del mismo modo se procedió con la aprehensión del subcomisario Muñoz, con prestación de servicios en la Comisaría Duodécima, siendo alojado en la Comisaría de Puerto Vilelas.
En otra parte, el decreto da cuenta de que “del análisis del expediente sumarial, surge que el subcomisario Ricail, a través del sistema de mensajería se contactaba con un empleado judicial llamado Sergio Javier Domínguez, y le solicitaba los rodados que se hallaban secuestrados, para ser entregados a personas designadas por el primero, a través de mecanismos irregulares. Cuando por su función tenía el deber de custodiar los bienes secuestrados conforme Ley 1238-A, de Registro de Bienes Secuestrados en Depósito Judicial y Decomiso”.
Asimismo, se señala que “dentro de esa operatoria irregular, se encuentra acreditado el accionar de la comisaria mayor Irma Insaurralde, quien ostentaba el cargo de jefa de Departamento Policía Científica, y a través de los mencionados mecanismos irregulares, obtuvo una motocicleta Mondial, hechos que, a pesar de haberlos negado, quedaron acreditados”. “Del mismo modo, el comisario mayor Gustavo Ricardo Ortiz, jefe de la Comisaría Seccional Segunda, solicitó al empleado judicial Sergio Domínguez una motocicleta y una bicicleta, utilizando los mencionados y cuestionados mecanismos irregulares”, se agrega.
“Respecto de la conducta del comisario principal Rubén Antonio Valenzuela, vuelve a repetirse la misma maniobra irregular, por cuanto aprovechándose de su cargo como jefe de la División Criminalística, utilizando los mismos mecanismos cuestionados, y a través de los cuales obtuvo la entrega de motovehículo, que se hallaban legalmente secuestrados en diferentes causas judiciales”, revela el texto del decreto en la parte argumentativa de las cesantías.
Luego, se resalta que “constituyen una falta de los deberes y obligaciones de los funcionarios exigidos por el ordenamiento vigente; cuya gravedad se agudiza, tratándose de funcionarios policiales, sometidos a un régimen especial en razón de su posición como garantes de protección de la ciudadanía. Situación que se encuentra además ensombrecida y cuestionada en desmedro de la institución policial”.