Lo adelantó José Manuel Ubeira, uno de los abogados de la vicepresidenta, quien aseguró que el fallo «es un caso fascista porque se alienta a que aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho».
Uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, adelantó que apelará el fallo de la Cámara Federal porteña «por el escándalo que significa» la orden de excarcelación de los integrantes de Revolución Federal, y tildó de «fascista» la decisión de los jueces, ya que, consideró, «alienta a aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho».
«Es un caso fascista porque se alienta a que aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho, puedan tener algún grado de impunidad otorgada por el sistema judicial», señaló el letrado en diálogo con AM 750.
La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ordenó el martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, los cuatro miembros de Revolución Federal.
Consultado por esa medida, el abogado confió que «por primera vez en mi vida profesional voy a apelar por el escándalo que significa el contenido excarcelatorio, con el cual, livianamente se lo separa a Morel».
De esa manera, consideró «desmesurada» la decisión de los magistrados al no haber una situación procesal de los imputados definida, ya que la causa se encuentra «en pleno trámite».
«La Cámara no puede afirmar bajo ningún punto de vista que estas personas no están en condiciones de desbaratar pruebas si todavía la causa no se ha iniciado seriamente», argumentó.
En esa línea, apuntó contra la Sala I y afirmó que es la misma que «determinó que los familiares del ARA San Juan eran terroristas» en la causa por el espionaje ilegal durante el macrismo.
Por su parte, contrastó el reciente fallo con el de la causa conocida como «Cuadernos» y explicó que allí «ni siquiera se hicieron pericias sobre los cuadernos, que ahora se ha determinado que son truchos, y tuvieron a gente presa dos años».
Asimismo, se refirió a la denuncia que un trabajador del Congreso hizo al asegurar haber escuchado al diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman decirle a dos de sus colaboradoras que «cuando la maten yo estoy camino a la costa», en referencia a la Vicepresidenta.
«El que salió denunciando el hecho tiene un problema penal», confió, y admitió que al no investigarse a las dos acompañantes del diputado «la prueba que podría llegar a haber en esos teléfonos se perdió».
En tanto, sobre una supuesta línea de investigación de los custodios de Cristina Fernández de Kirchner que estaría siguiendo la jueza María Eugenia Capuchetti, señaló que desde la Justicia «saben perfectamente que eso es un agujero vacío» y afirmó que «no nos preocupa que los investiguen».
Y advirtió que «los dos elementos» que aportó la defensa, en referencia a la denuncia contra Milman y el posible vínculo de Fernando Sabag Montiel (quien atentó contra la Vicepresidenta) con el PRO tras el pedido de que Hernán Carrol -un militante de ese espacio- sea su representante legal, está «prácticamente en nada».
«Está en nada porque si tiramos del piolín se viene toda la estantería encima», aseveró.
En esa línea, aseguró que «con Morel pasa absolutamente lo mismo» y apuntó a su vínculo con los empresarios Caputo, los cuales transfirieron desde su empresa Caputo Hermanos dinero a Morel por supuestos servicios de confección de muebles.