Efectivos de la Unidad de Reunión de Información Chaco, en conjunto con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales El Dorado y Villa María, concretaron tareas investigativas relacionadas al presunto contrabando de granos que provenían del Chaco y se dirigían a Misiones. En el operativo intervino Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal de Resistencia como encargadas de la investigación preliminar, con el acompañamiento del Juzgado Federal a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger. El fiscal federal Patricio Sabadini dio detalles y resaltó el daño al Estado generado por este delito.
El cargamento era destinado a las localidades de San Vicente y El Soberbio, en Misiones, para su posterior traslado en embarcación hacia la República Federativa de Brasil.
Los gendarmes avanzaron con las pesquisas, logrando determinar el ingreso de camiones por la ruta nacional 16 (puente Chaco-Corrientes), cuyos conductores transportaban cargas de soja con documentación apócrifa hacia Misiones. Además, se pudo establecer que contaban con dos camionetas que oficiaban de «punteros», alertando sobre posibles controles.
Ante estos hechos, el Juzgado Federal 1 de Resistencia dispuso quince allanamientos en depósitos, galpones, complejo de cabañas e inmuebles; ubicados en el Chaco, Corrientes, Misiones y Córdoba.
En el marco del mencionado megaoperativo que se gestó en la provincia, el fiscal federal a cargo, Patricio Sabadini, manifestó: «El hecho de que se haya gestado en el Chaco u otra provincia no incide en la cuestión, máxime si estamos hablando de provincias donde la actividad agrícola es moneda corriente. Lo que se debe tener en cuenta es la fidelidad que es sacar la soja del país para liquidársela en otro país -ya sea Brasil o Paraguay- donde el escenario fiscal, sobre todo en cuanto a retenciones, es mucho más ventajoso para aquellas personas que producen este tipo de granos -de commodity-».
«Por eso decimos -continuó el fiscal- que el derecho penal es selectivo, porque selecciona aquellas conductas criminales que son más fáciles de ser absorbidas por el sistema, como es el caso de los robos, los hurtos o de la delincuencia convencional u homicidio, que no tienen -explicó- la complejidad en cuanto al modus operandi ni los recursos que tienen para evitar ser detectados como los tiene la criminalidad de cuello o de guantes blancos».
Daño al Estado
Consultado sobre el daño que le genera al Estado, Sabadini lo catalogó de ser «relevante». La tonelada de esta soja, según indicó, ronda los USD530/550 que, multiplicados por 300 (la cantidad secuestrada) da un total de $130 millones. Ante ello, consideró: «Estamos hablando de una suma que no le permite al Estado recaudar para fines de utilidad social. Es una situación bastante catastrófica en cuanto a la consecución de dólares».