El gobernador Jorge Capitanich encabezó la entrega de las últimas 38 viviendas del Barrio Matadero, en la localidad de Presidente de la Plaza. De esta manera se completa el sueño de 112 familias de esta comunidad, que hoy cuentan con su casa propia. El mandatario dijo que “entre las viviendas entregadas, las en ejecución y los proyectos en licitación, estamos acercando 600 soluciones habitacionales para la localidad”. El intendente Bruno Cipollini anunció que “resta entregar viviendas en el Barrio San Cayetano Sur y La Salada, que tratarán de concretarse en estos últimos días del 2022”.
La obra del Barrio Matadero implicó una inversión de $338.849.702,00 en esta etapa final, con financiamiento del Programa Reconstruir. Las 112 casas del barrio se construyeron sobre terrenos municipales, con aportes del gobierno nacional, en el marco del programa mencionado.
Cada terreno tiene 225 metros cuadrados; las viviendas son de 55 metros cuadrados y tres de ellas son para personas con discapacidad, las cuales cuentan con 61 metros cuadrados. Cada casa cuenta con dos habitaciones, cocina comedor y un baño. A la construcción de las viviendas, se sumaron trabajos de infraestructura del barrio, como la obra contempló iluminación LED, agua, veredas y enripiado de calles. Junto a la llave de su nueva casa, cada familia recibe una biblioteca con libros de literatura de ficción e historia; además de plantines de árboles para plantar en cada predio o en el barrio.
Recordemos que las primeras 74 viviendas del Barrio Matadero fueron entregadas en los meses de agosto y octubre, respectivamente. Para garantizar el acceso a la casa propia, los gobiernos municipales, provinciales y nacionales están ejecutando distintas obras en Sáenz Peña con una inversión de $2.534.579.731,73; entre proyectos Procrear, Torres de departamentos Foprovi y viviendas del programa Casa Propia.
Respecto de la toma de tierras en Sáenz Peña, Capitanich recordó que “que se realizó un relevamiento de tierras y existe la Comisión de Tierras, que es el organismo que arbitra estos conflictos y cancelar todas las expropiaciones impagas, que se fueron acumulando en la provincia, y es una inversión de 1.000 millones de pesos y avanzar en la regularización de títulos. En primer lugar no aceptamos ningún acto de usurpación porque es ilegal, en segundo lugar, entendiendo ciertas dificultades, tenemos un plan de ordenamiento urbano territorial con los municipios para otorgar inmuebles nacionales, que hay que ir regularizando”.