El Chaco insiste en presentarse como amicus curiae en la disputa por la coparticipación

El gobernador Jorge Capitanich informó que la provincia sumó ayer su pedido ante la Corte Suprema de Justicia para constituirse como amicus curiae en el litigio entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los recursos coparticipables.
La presentación fue realizada por el fiscal de Estado de la provincia, Roberto Herlein, con el objetivo de que la postura del Chaco sea escuchada en la disputa judicial desatada tras la medida cautelar que ordenó al Estado nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires.
«La afectación evidente al Estado nacional y las provincias argentinas en favor de una jurisdicción, resulta arbitraria, desmedida y carente de sustento legal», advirtió el mandatario, quien calificó a la medida como «una apropiación indebida de fondos por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
De esta manera, Capitanich se suma a los pedidos que ya realizaron los representantes de Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, La Rioja, La Pampa y Santa Cruz. Entre otras cuestiones, aseguró que el fallo emitido provoca «una disminución de los fondos que el Estado Nacional debe destinar a las provincias».
La presentación hace hincapié en ciertas apreciaciones que se observan en el fallo, «que soslayan los antecedentes y normativa aplicable al caso», expresó el mandatario provincial.
Recordando que la presentación de ayer se suma a la efectuada el 8 de abril de 2022 y reiterada el pasado 15 de diciembre, las cuales no han tenido aceptación o han sido denegadas. «Lo real y cierto es que el Estado nacional utiliza el dinero de la coparticipación para hacer frente a su organización y servicios a cargo, mientras que el resto lo destina a realizar obras y brindar servicios en las provincias», enfatizó Capitanich.
De este modo se deduce que, en la medida que los fondos del Estado nacional disminuyen beneficiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reducen también las disponibilidades de Nación para coadyuvar al desenvolvimiento de los estados provinciales.
Al respecto, el jefe del Ejecutivo provincial consideró que el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la Ley 23548, que, según lo resuelto por V.E., el Estado nacional deberá entregar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, «es un porcentaje arbitrario».
En ese sentido afirmó que «de la lectura del fallo no se advierte que tenga basamento en una consideración científica. Sí en cambio está probado que con ello se está perjudicando al Estado nacional y por ende a las provincias».
Para Capitanich, el fallo «desconoce deliberadamente la normativa vigente en el país, omite efectuar consideraciones jurídicas de índole constitucional y avanza en la resolución de aspectos que debieron ser analizados al resolver la cuestión de fondo, desvirtuando la figura de la medida cautelar».