A partir de este miércoles, la Corte Suprema deberá definir si rechaza la recusación que le planteó el Gobierno nacional por la cautelar que ordenó pagarle parte de los fondos coparticipables que le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que generó gran rechazo por Jorge Capitanich, entre otros gobernadores. También si desestima el pedido del presidente Alberto Fernández de revocatoria in extremis de la misma cautelar.
La disputa inició por el aumentó por decreto la coparticipación de CABA del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento que realizó Mauricio Macri en 2016 y que benefició a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En septiembre de 2020, durante la pandemia, el presidente Alberto Fernández decretó que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
Finalmente, en un fallo fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional que se le entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables de forma automática a través del Banco Nación, y dispone la suspensión de la Ley 27.606 que habría reducido la participación de esa jurisdicción.
Capitanich había cuestionado tal decisión al afirmar que «son recursos que deben ser administrados y asignados por la Nación, sin embargo, ahora llega la Corte y dice ´ ahora usted no tiene discrecionalidad para manejar los recursos fijada por la Ley de Presupuesto, usted tiene que hacer lo que digo yo´. Esto es una injerencia a que vulnera el federalismo y a las provincias» .
MIÉRCOLES
El miércoles termina la feria judicial y, según informó Clarín, el Procurador General de la CABA, Gabriel Astarola, tiene preparado un proyecto de pedido de «ejecución forzada» del fallo de la cautelar que supone trabar embargos sobre los fondos del Banco de la Nación y cobrar multas a los funcionarios que incumplen el fallo.
Se estima que el Gobierno nacional podría pedirle al Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, que le solicite a la Corte que se abstenga de decidir hasta que termine el juicio político en su contra.
Un fallo de fondo debería decir si le corresponde a la CABA el 1,4 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que había hasta el 2015, el 3,5 que dispuso Macri, o la cifra provisoria del 2,95 que decidió la Corte en la cautelar.
Desde la gestión de Larreta se apoyan en que la Constitución prescribe que los fondos coparticipables deben «estar disponibles y líquidos al momento de ser recibidos por el distrito». «La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2, expresamente establece que los regímenes de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidez, dos características de las que carecen los bonos», dijeron al medio citado.
En forma paralela, un grupo de gobernadores peronistas mandó una nota a la Corte para ser tenidos en cuenta como partes al momento de definir el reparto de impuesto coparticipables entre los distritos, sobre la base de lo que consideran un «beneficio injusto para la Ciudad».
RECUSACIÓN
En diciembre el Gobierno recusó a los jueces del máximo tribunal y planteó una revocatoria, además de anunciar que no iba a cumplir el fallo. Luego dijo que sí mediante bonos. El gobierno porteño denunció que la decisión no se cumplió y le pidió al tribunal que tome medidas para hacerla efectiva. La Corte dejó la decisión para febrero. El fallo fue el puntapié inicial para el pedido del juicio político al que se sumaron gobernadores del oficialismo.