A poco más de dos años de la denuncia que dio intervención a la justicia penal, el abogado Juan Arregin detalló los avances en la causa que investiga un resonado caso de violencia laboral en el Tribunal de Cuentas y confirmó que en virtud al “buen criterio de la Cámara de Apelaciones de Resistencia”, la investigación “continúa avanzando” e incluso el Chaco podría sentar un precedente en la materia, con la imputación de “lesiones psicológicas de tipo grave”.
La investigación comenzó en 2021, tras la denuncia de la entonces fiscal subrogante, Carola Ulrich, por “amenazas de tipo coactivas”, que implica tener que tolerar, hacer o dejar de hacer cosas por orden; contra su jefe en ese momento, el fiscal relator Luis María del Cerro.
“En este cabe la perspectiva de género porque tenemos un superior que es un jefe, que tiene una situación de poder por encima de la mujer que es violentada y, a partir de esa denuncia, se inicia una investigación que en algún momento entra en una etapa crítica de archivo de la causa”, recordó el letrado.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad Resistencia, “con muy buen criterio y adoptando todos estos compromisos que tiene el Estado chaqueño”, según Arregin; resolvió continuar con la investigación y ahora apunta a sentar a declarar “como imputado” al acusado, que continúa ejerciendo como fiscal relator del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Hecho inédito
El abogado destacó que, más allá de las amenazas coactivas que dieron origen a la denuncia, se plantea en este caso algo “novedoso en el país”, que sería la responsabilidad del acusado en “lesiones psicológicas de tipo grave”. “El argumento es que el daño psicológico que sufre esta mujer no se va a poder recuperar en poco tiempo y, por lo tanto, ha generado un tipo de lesión que es un detrimento a la salud de tipo grave”, detalló Arregin y sumó que esto sería un precedente en la provincia, y, en principio, en todo el norte del país.
“Este es un caso testigo especial, que genera toda una serie de jurisprudencia que va a permitir que, en otros casos parecidos, se delimite lo que es violencia laboral, que tiene que ver con las cuestiones de trabajo específicamente; a lo que es violencia de género y, en el caso en concreto, el daño psicológico que sufre la mujer”, aseguró.
Manejo corporativo
En cuanto a la responsabilidad que le cabe al Tribunal de Cuentas, Arregín entendió que esta es una “materia pendiente”. “Hemos planteado a la Fiscal Nº 11 pidiéndole que tome medidas porque hay recomendaciones en este sentido, no sólo de la justicia, sino de la Oficina de Derechos Humanos de Legislatura, de la Oficina de Géneros y Derechos Humanos de la Secretaría de DDHH”, dijo.
Finalmente, entendió que “claramente se actúa de manera corporativa” en el organismo porque “se ha denunciado, se ha pedido que se inicien sumarios e incluso hay un sumario en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es un antecedente, pero no hay sanciones”.