El Movimiento Norte Grande presentó una demanda contra el decretazo de Javier Milei. El frente político avanzó con una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 en la que además solicitó una cautelar que lo suspenda.
La Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) fue presentada ante el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia.
El planteo del frente sostiene que el Ejecutivo incurrió -con el DNU 70/2023- en una reforma constitucional indirecta o encubierta que abusó del derecho público y que busca imponer propósitos que se alejan de los objetivos constitucionales y convencionales previstos por la regla de reconocimiento constitucional.
Concretamente, la demanda alude a la vulneración de los artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
Para el titular del Movimiento, José Mongeló, Milei intenta con el DNU sustituir la función legislativa del Congreso, violando la división de poderes.
La presentación, elaborada en conjunto por los Estudios Jurídicos Maidana Ladu & Segovia, sostiene que según la Constitución, el Presidente puede recurrir a los DNU cuando «circunstancias excepcionales» impidan que se puedan seguir los trámites ordinarios del Congreso.
Además, agrega que no pueden los DNU versar sobre cuestiones penales, tributarias, electorales ni sobre el régimen de los partidos políticos. También afirma que el jefe de Gabinete debe, además, enviar el DNU al Congreso para su control.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires se realizaron hasta el momento tres presentaciones judiciales contra el DNU.
Una de ellas es del abogado Gil Dominguez y también ingresó una acción de amparo de la «Asociación Civil por un Hogar en Argentina», que quedó radicada ante el juzgado 12 de ese fuero.
La de Movimiento Norte Grande es la cuarta a nivel país, y primera a nivel regional.
El DNU, que deroga o modifica más de 300 normas, eliminando de forma total 41 leyes, 7 de forma parcial, y que cambia el espíritu de 33 otras fue cuestionado por los más prestigiosos constitucionalistas del país. Argumentan que el Ejecutivo avanzó sobre las competencias del Congreso porque legisló sobre materia fiscal, penal y laboral, algo que la Constitución prohíbe.