El radicalismo y el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto analizan la nueva redacción, pero reconocen que hubo avances.
Durante el segundo día de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno envió un nuevo texto con modificaciones para destrabar dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados: privatizaciones y facultades delegadas.
La nueva redacción, que incluye varios artículos nuevos, atiende muchos de los planteos de la oposición dialoguista. En el caso de las privatizaciones, el listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.
Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.
Por otro lado, el nuevo capítulo se divide en tres artículos, con sus respectivos anexos, con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división puede facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Por lo tanto, se acerca a la posición de quienes proponían aprobar “empresa por empresa” las privatizaciones.
Para reforzar la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca. En tanto, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.
Además, antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Este informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral.
En cuanto a las emergencias y las facultades delegadas, desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.
El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.
Por otro lado, el oficialismo decidió mantener -en el artículo 73- la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como “Ley Guzmán”, que ponía límites a la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Sin acuerdo con el radicalismo y HCF, ese punto se encamina a ser rechazado ya que defienden la potestad del Congreso de controlar al Ejecutivo.
Infobae